En Avellaneda, unas 60 familias que habían sido adjudicadas con viviendas del plan Procrear preparan una demanda judicial tras haber sido despojadas de los departamentos que les correspondían. Las propiedades fueron entregadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, a efectivos de fuerzas federales en un acto que generó indignación en el distrito. La primera acción legal se presentará este jueves, encabezada por el defensor del pueblo local, Daniel García, y representa el reclamo de buena parte de los 160 grupos familiares afectados.
La maniobra del gobierno nacional no solo implicó apropiarse de viviendas construidas en la gestión anterior, sino que rompió con el proceso de adjudicación legal que atravesaron los beneficiarios originales, quienes debieron cumplir con rigurosos requisitos económicos y habitacionales. Desde la intendencia de Avellaneda, actualmente conducida por Jorge Ferraresi, ya se comprometieron a brindar asistencia a los damnificados.
Los departamentos, de uno, dos y tres ambientes, forman parte del complejo conocido como edificio Sagol, a metros de la estación de tren, bautizado en honor a Luis “Chino” Sagol, el primer intendente del distrito tras el regreso de la democracia en 1983. Fueron construidos con fondos del Procrear durante la gestión de Ferraresi al frente del Ministerio de Hábitat.
Uno de los dirigentes que acompaña el reclamo es Armando Bertolotto, expresidente del Concejo Deliberante local y actual referente del Frente Renovador. “Si querían hacer viviendas para los efectivos, en Avellaneda hay muchas opciones, muchos predios disponibles. Ante esa realidad, es inevitable pensar que primó un ánimo de vendetta política”, señaló en diálogo con el medio Buenos Aires/12.
Según el propio Bertolotto, “esa construcción es el fruto de un enorme esfuerzo político y de gestión”. Y recuerda: “Hubo una gran pelea con el Banco Hipotecario, que es el que otorga los créditos. Ellos querían que se pagaran en UVAs, que hubiera sido un negocio enorme para ellos y nosotros lo impedimos, porque muchas familias se arruinaron con esa política del macrismo”
El proceso ignorado
Las viviendas estaban prácticamente terminadas en diciembre de 2023, a días del cambio de gobierno. “Faltaba uno o dos por ciento, cosas como reemplazar la luz de obra por la conexión definitiva, pero hay gente que en esas condiciones vive dos o tres años”, agregó el dirigente renovador.
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Durante 2023 se realizó una preinscripción a la que se anotaron unas 500 familias. Tras un proceso de evaluación que incluyó acreditar la falta de vivienda propia y demostrar capacidad de pago, menos de la mitad quedó en carrera. Luego se hizo un sorteo entre quienes cumplían todos los requisitos. Los adjudicatarios esperaban mudarse y comenzar a pagar en enero de 2024, pero nunca obtuvieron respuestas.
“En enero, ante la demora injustificada, pedimos explicaciones al gobierno nacional, no obtuvimos respuesta y al poco tiempo dieron de baja la página web de Procrear. Ahí era donde la gente subía la documentación, seguía el avance, etc.”, denunció Bertolotto.
La paralización de las obras también perjudicó al sector de la construcción. Empresas proveedoras reclaman por contratos incumplidos y lucro cesante, mientras que desde la UOCRA regional Avellaneda-Lanús, encabezada por Héctor Villagra, se vienen organizando protestas frente al desmantelamiento del plan.
En paralelo, las empresas encargadas de las obras también enfrentan costos extra por la necesidad de contratar seguridad privada. “Hoy se acumulan facturas impagas, pero eso no va a seguir así para siempre”, advirtió el referente renovador.
Hace un mes comenzaron a circular versiones sobre una posible maniobra por parte del Ministerio de Seguridad. Pese a las advertencias, no imaginaron que el desalojo se concretaría tan rápidamente. El día del acto de entrega, un grupo de adjudicatarios intentó acercarse al edificio para reclamar por lo que consideran una usurpación, pero fue bloqueado por un fuerte operativo de fuerzas federales.“Casas para quienes nos cuidan”
Con una publicación en sus redes sociales titulada “Casas para quienes nos cuidan”, Patricia Bullrich oficializó la entrega de 160 viviendas en Avellaneda: “El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan PROCREAR y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política”, afirmó. Según la ministra, se trata del inicio de un plan federal que contempla el traspaso de 329 viviendas en todo el país a fuerzas federales.
El comunicado del Ministerio de Seguridad sostiene que las viviendas serán adjudicadas de forma directa y administradas por cada fuerza según su reglamento interno. Esta decisión no solo vulnera derechos adquiridos por quienes atravesaron el proceso del Procrear, sino que pone en duda la continuidad y transparencia de uno de los programas más importantes de acceso a la vivienda en la última década.
Para los adjudicatarios desplazados, la pelea recién empieza. La presentación judicial será el primer paso de una escalada de reclamos por vía legal, institucional y política, en defensa de su derecho a la vivienda y en repudio a lo que consideran una maniobra de despojo por motivos ideológicos.
