La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. Buscan que se declare inconstitucional un artículo de la Ley de Presupuesto que obliga a los colegios a transferir los aportes de los docentes y auxiliares al Instituto de Previsión Social (IPS). Nación también juega su partido.
La controversia se origina en el artículo 59 de la ley de leyes aprobada por la Legislatura. Ahí quedó establecido que es obligatoria la afiliación al IPS del personal docente extraprogramático y también de los auxiliares que trabajan en colegios privados. Según estimacines de AIEPA, se trata de entre 50.000 y 55.000 personas (incluyendo profesores, administrativos y auxiliares) que actualmente hacen sus contribuciones a la ANSES.
De acuerdo a la norma, ese universo debería dejar de aportar al sistema de seguridad nacional para pasar al régimen provincial y las autoridades bonaerenses empezar con el traspaso en junio. El problema es que “las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar“, según explicó Martín Zurita, el secretario ejecutivo de la AIEPA.
Para AIEPA esta modificación puede tener un “impacto económico directo” en los colegios que deberán afrontar mayores costos, pero también en su personal. “Muchos trabajadores poseen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y, aun cuando comiencen a aportar al IPS, podrían no reunir en el futuro los años necesarios para acceder a una jubilación por el régimen provincial”, explicaron.
Con la acción judicial ante el máximo tribunal bonaerense, los demandantes pretenden evitar que “los colegios queden expuestos a reclamos cruzados de organismos nacionales y provinciales”. Es que si Nación no los exime de pagar los aportes patronales quedan expuestas a multas o embargos por parte de ARCA o el propio ANSES, pero si no hacen lo propio en el IPS la Provincia también podría tomar medidas.
El gobierno nacional fue a la Corte Suprema
En rigor, la de AIEPA es la segunda demanda presentada contra el artículo 59 del Presupuesto bonaerense 2026. La primera la impulsó el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades libertarias también pidieron la inconstitucionalidad y una medida cautelar para suspender su aplicación. En este caso, la intención es no perder los millones de pesos que ingresan mensualmente a la ANSES en concepto de aportes a la seguridad social.
A todo esto, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof viene denunciando que la ANSES acumula deudas por alrededor de 2,3 billones de pesos con el IPS. El reclamo llegó a la Corte Suprema y tras una serie de audiencias se dio por terminada la negociación. Actualmente, en Provincia esperan que una medida cautelar obligue a pagar al gobierno nacional que sigue negando cualquier tipo de obligación.
