Si bien mantiene el lema “obra que se empezó se va a terminar”, a la propia María Eugenia Vidal y su entorno no les queda otra que admitir que, finalmente, habrá una merma en la obra públicas pautada para 2019 como consecuencia de la política de austeridad encarada por la Casa Rosada. Frente a eso, como acto reflejo, la Gobernadora parece haber bajado la línea de avanzar con proyectos de fuerte impacto social que dormían en la Legislatura, aunque sea de la oposición.
En ese marco –según pudo reconstruir INFOCIELO-, la mandataria dio el visto bueno para que “se mueva rápido” el proyecto que busca modificar la vigente Ley de Alquileres (10.973), el cual propone liberar a los inquilinos de los gastos administrativos y de las comisiones inmobiliarias.
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La iniciativa es del bloque Peronismo Kirchnerista y lleva las firmas de los diputados José Ottavis y Rocío Giaccone. “Va a salir ese como está, con modificaciones o uno nuevo”, dijo a este medio una fuente del oficialismo en la Cámara Baja. Es más, ya hubo un debate en la Comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales, que preside el massista Ricardo Lissalde.
De aprobarse –según las cuentas suministradas por la bancada impulsora-, para un contrato de dos años con un alquiler 8 mil pesos, el ahorro para el cliente sería casi de 40 mil pesos. Hay que recordar que, si bien en la actualidad, la normativa habla de un gasto compartido, la parte más débil se termina haciendo cargo de todo.
Como hizo con la remake de los descuentos del Banco Provincia, Vidal busca no descuidar lo social ni sus vínculos con las capas medias y con los sectores más vulnerables. Se sabe -como ya informó este medio- que el esfuerzo que la Nación y los gobernadores peronistas le pedirán a la Provincia de Buenos Aires será entre $30 mil millones y $50 mil millones.
Los trabajos que podrían sufrirá algunas cancelaciones son los de las cuencas de los ríos Reconquista, Luján y Salado; la remodelación y puesta a punto de hospitales y guardias; y una interminable lista de rutas provinciales.
El proyecto sobre alquileres lleva el respaldo de la Asociación Platense de Inquilinos (API) –una de las más fuertes del sector- y de otras entidades menores. En su momento, desde API habían explicado que se buscaba “reducir en más del 50% el costo de hacer un nuevo contrato” para “revertir una situación injusta donde al inquilino se le cobra la totalidad de los mismos, a pesar de que debe ser compartido”
Por su parte, la propia Giaccone había manifestado: “La realidad nos demuestra que año a año alquilar se vuelve casi una misión imposible para muchas familias bonaerenses. Si queremos garantizar el acceso a la vivienda digna, no podemos dejar toda la carga económica a quien busca y tiene la necesidad de alquilar”.
Justamente ayer, la consultora Ecolatina adelantaba un pronóstico parecido en su último informe, avalando los temores de los intendentes bonaerenses, de los gremios y de los movimientos sociales: “Como las prestaciones sociales (que representan 60% de las erogaciones primarias del Sector Público Nacional) se actualizan automáticamente por Ley de Movilidad, los recortes se concentrarán en pocas partidas: empleo público, subsidios económicos, transferencias a provincias y obra pública”.
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