La denuncia presentada en marzo del año pasado contra dos funcionarios municipales de Castelli empieza a mostrar avances concretos. Recientemente, la Justicia ordenó allanar las casas de Laura Olguín y Sebastián Prediger, los dos imputados de la causa, en busca de pruebas y materiales que sirvan para corroborar las estafas y el desvío de fondos. El intendente Francisco Echarren celeró los movimientos.
Según se informó desde la comuna, ayer intervinieron policías y peritos en los allanamientos que se hicieron sobre las propiedades de la ya exsecretaria de Tierra y Vivienda y del también ex empleado del área. El operativo sirvió para “recolectar pruebas y determinar si materiales destinados a la construcción de viviendas públicas fueron utilizados en beneficio de una obra privada”. Concretamente, la Justicia busca determinar si usaron materiales públicos destinados a viviendas sociales para proyectos personales.
Olguín y Prediger tenían bajo su responsabilidad la construcción de 83 casas del barrio Curita, pero las irregularidades se hicieron sentir rápidamente. Un dato clave fue que el municipio compró 28 techos valuados en 300 millones de pesos que nunca fueron entregados. También generó sospechas la evidente coincidencia entre el inicio, avance y paralización de la obra pública y la construcción privada.
Sebastián Prediger también es investigado por el destino del dinero proveniente de la venta de materiales reciclables de la planta municipal, cuyos fondos debían beneficiar a los trabajadores. Según los elementos aportados a la investigación, alrededor de 20 trabajadores pueden dar testimonio de que esos materiales fueron vendidos y que el bono correspondiente nunca fue percibido.
También se encuentra bajo investigación la compra de una pala cargadora municipal por un presunto sobreprecio cercano a los USD 12.000. El Municipio aportó a la Justicia la documentación correspondiente, incluyendo actuaciones y solicitudes de compra que fueron anuladas a último momento. Cabe aclarar que el gobierno de Echarren anuló esa licitación y compró la misma maquina por un precio más bajo.
“No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de denuncias formalizadas, personas imputadas, documentación aportada, testigos y medidas judiciales concretas”, señalaron. Desde la comuna van a seguir colaborando “con cada medida que sea requerida”. “No vamos a permitir que nadie se quede con los recursos ni con el sueño de una familia de Castelli de tener su casa propia”, afirmaron.
