El pasado 27 de diciembre, una pasajera murió de un disparo cuando dos delincuentes asaltaron un colectivo de la línea 338 en Esteban Echeverría. Hasta entonces, la versión había confirmado que la mujer había fallecido a causa de un disparo que le había dado uno de los asaltantes.
Sin embargo, a partir de nuevas pericias, la justicia determinó que Sandra Rivas (46) en realidad había sido víctima de un disparo proveniente de un uniformado, quien sin respetar el procedimiento que marca la ley, disparó a quemarropa hacia los delincuentes, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros.
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Uno de los disparos terminó con la vida de Sandra, quien minutos antes había calmado a otra pasajera en un evidente estado de shock, frente a la tensa situación.
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El policía responsable de la muerte de la mujer tiene 19 años y –dato no menor- había egresado de la academia recién el 11 de diciembre de ese año, es decir, tan solo dos semanas del trágico hecho.
Según confirmó el diario Página12, en el colectivo también se encontraba presente otra mujer policía, pero esta decidió aguardar antes que arriesgarse a disparar entre tantos civiles desprotegidos.
El hecho se enmarca en la ya conocida “Doctrina Chocobar” que el propio gobierno de Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, vienen implementando.
En efecto, la ministra no solo defendió el accionar del policía que asesinó por la espalda a un joven en el barrio de La Boca, sino que también ha respaldado a la Gendarmería y Prefectura en los emblemáticos casos de Santiago Maldonado, quien murió ahogado tras una represión, y del joven mapuche Rafael Nahuel, en Bariloche.
A esto hay que agregarle la nueva resolución que el gobierno oficializó sin enviar previamente al debate parlamentario, en el cual habilita a que las fuerzas de seguridad puedan disparar con mayores libertades.
Ese protocolo estuvo denunciado desde el primer día como “inconstitucional”, puesto que modifica el Código Penal sin pasar primero por el Congreso de la Nación. Aun así, el gobierno no dio marcha atrás con la polémica medida, a pesar de los innumerables casos de gatillo fácil que empañan la calidad democrática en el país.
Tan solo en 2018, se dieron 297 casos en todo el país y si se cuentan los tres años del gobierno de Macri, los mismos ya superan 1200 fallecidos en diferentes circunstancias de violencia policial y estatal.
El caso de la mujer asesinada en el colectivo de Esteban Echeverría, había indignado profundamente a cientos de vecinos. Ahora, la planimetría que se aplicó para conocer mayores detalles del hecho arrojaron que la bala no vino de los delincuentes, sino desde atrás, donde se ubicaba el policía que disparó en contra de toda regla y principios.
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