Una fiscal de juicio de la ciudad de La Plata fue citada a declarar en el marco de una investigación por supuesto actos de espionaje en su contra por parte de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, informaron fuentes judiciales.
Se trata de la fiscal Silvina Langone, quien actuó en el juicio por la denominada triple fuga de los hermanos Christian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci del penal de máxima seguridad de General Alvear, y ahora deberá declarar este miércoles ante el fiscal platense Marcelo Romero en la causa por el presunto espionaje.
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Fuentes judiciales aseguraron que Langone, al igual que su esposo abogado y defensor ciudadano adjunto de La Plata, son dos de las supuestas víctimas de espionaje, por lo que el fiscal Romero quiere escuchar su testimonio.
La causa que investiga el presunto espionaje a Langone y otros funcionarios judiciales de La Plata se inició luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre pasado en la sede de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial, en la calle 51, entre 10 y 11 de La Plata.
Ese allanamiento había sido solicitado por la fiscal Cecilia Corfield en el marco de otra causa que investigaba el presunto abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público por parte del titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra.
Esa denuncia fue radicada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense, quien dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos.
En su denuncia, Martin acusó a Berra de “poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior”, maniobras que incluyeron la difusión mediática de “información falsa sobre ellos, y tareas de inteligencia encubiertas respecto de sus familiares que no revisten ni han revestido jamás estado policial”.
Durante aquel allanamiento en Asuntos Internos, los investigadores secuestraron elementos que hicieron sospechar la existencia de supuestos actos de espionaje cuyas víctimas eran fiscales y otros funcionarios judiciales.
Ante ese hallazgo, la Asociación de Magistrados hizo una nueva denuncia ante el fiscal Romero para que inicie una investigación.
“El fiscal Romero libró oficios a todos los organismos de superintendencia, tanto de la Suprema Corte de Justicia como de Procuración; al jurado de Enjuciamiento de Magistrados y al sistema informático del Ministerio Público (SIMP) para que informen si existen denuncias o causas en trámite contra Langone”, detalló la fuente.
Se remarcó además que “se puso en conocimiento al fiscal general y al procurador todo esto, atento la gravedad institucional que reviste la denuncia”.
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