Una gran parte de la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta, en Bahía Blanca, se quedó sin gas. Así lo resolvió la empresa Camuzzi al retirar el medidor luego de constatarse pérdidas en el establecimiento luego de recibir una denuncia anónima.
Además, se supo que días antes la justicia le concedió la prisión domiciliaria a una mujer que se encontraba detenida junto a sus dos hijos al detectarse una fuga.
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Según pudo saber Infocielo a través de la Defensoría, hay alrededor de 400 personas sin el servicio, entre personal e internos.
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No hay gas en los pabellones 1, 3, 5 y anexo 7 de mujeres. Tampoco en la panadería, sanidad, área de encuentro familiar, escuela, administración, y el sector de vigilancia y tratamiento.
Esto impide, especialmente a los detenidos, a cocinarse, calefaccionarse y fundamentalmente bañarse con agua caliente.
El organismo hizo una presentación ante el Juzgado de Ejecución Nº 2 para que arbitre medidas urgentes pero aún no obtuvo respuesta.
La cárcel bahiense tiene lugar para 550 internos, sin embargo, su ocupación alcanza los 977. Y sus problemas de infraestructura son crónicos y similares a la mayoría de las cárceles bonaerenses.
En el año 2017 sucedió un hecho similar. En aquel entonces se hallaron artefactos que no estaban declarados en el plano original.
El año pasado, la Suprema Corte dictó un hábeas corpus para frenar el hacinamiento en las unidades bonaerenses y exigió medidas para aliviar la superpoblación.
“Esas condiciones de detención, influidas por varios factores, en ocasiones parecen contribuir a la reproducción del delito más que a la reinserción social de los penados”, decía la resolución.
Por ese motivo, exigió que se pondere el uso del sistema de monitoreo electrónico; revisar la situación de personas procesadas y disponer medidas de cautela o de ejecución menos lesivas; y requerir al Ejecutivo la posición y diagnóstico sobre el estado de situación de las condiciones de habitabilidad y el cupo que correspondiere a cada unidad penitenciaria y alcaidías.
También, consignar aspectos edilicios de servicios e instalaciones, condiciones de higiene y sanitarias, alimentación, seguridad, esparcimiento, capacitaciones: educación y laborales; e implementar audiencias de debate con especial enfoque en los privados de libertad con mayor tiempo en prisión preventiva.
Por último, prohibir el alojamiento en comisarías de menores, mujeres embarazadas y enfermos; avanzar en el cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de detención de personas e informes sobre el estado de avance del plan de construcción de alcaidías.
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