El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una investigación por presunto lavado de dinero y pago de coimas en torno al sistema de fotomultas aplicado en rutas nacionales y provinciales, en una causa que apunta al empresario Leandro Camani y a las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.
La presentación judicial sostiene que Camani habría montado una estructura destinada a obtener contratos para la instalación y operación de sistemas de control vial mediante convenios con universidades públicas, evitando mecanismos de licitación y utilizando esos acuerdos para canalizar fondos presuntamente destinados al pago de sobornos a funcionarios públicos.
La denuncia también involucra a organismos públicos y académicos, entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el ministerio de Transporte bonaerense y la Universidad Nacional de San Martín. En ese marco, el expediente menciona además al actual ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, aunque la causa se encuentra en etapa preliminar y no existen imputaciones formales confirmadas.
El mecanismo bajo sospecha
Según surge del escrito firmado por Marijuan, la sospecha principal es que Camani -quién también enfrenta causas por presunta extorsión agravada-, como responsable de Secutrans S.A. y de Tránsito Seguro S.A., habría suscripto “convenios ilegales” con universidades públicas con el objetivo de “lavar dinero para pagar coimas a funcionarios públicos” y consolidar así presencia en el negocio multimillonario de las fotomultas.
La investigación pone especial foco en el rol de Diego Nicolás Kampel, señalado como presunto nexo entre las empresas privadas y la Universidad Nacional de San Martín. De acuerdo con la denuncia, Kampel habría intervenido en la totalidad de los convenios revisados por la fiscalía entre la casa de estudios y al menos once municipios bonaerenses.
En paralelo, el expediente también menciona a Diego Lapera, a quien se presume “socio” de Camani para ejercer influencia sobre organismos públicos vinculados al área de tránsito y seguridad vial. La presentación judicial añade que ambos mantendrían además vínculos comerciales en el ámbito del fútbol.
La participación de la UNSAM y los municipios
Uno de los ejes centrales de la investigación gira alrededor del esquema contractual entre municipios bonaerenses, la Universidad Nacional de San Martín y las empresas privadas vinculadas a Camani.
Según la respuesta remitida por la propia universidad a la fiscalía, “la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología, en su carácter de colaboradora en el desarrollo e implementación del programa formación y gestión de seguridad vial, gestiona el cobro de infracciones de tránsito en asociación estratégica con la empresa Tránsito Seguro S.A.”.
La reconstrucción judicial describe una operatoria escalonada: primero, la universidad firmaba convenios con municipios para implementar programas de seguridad vial; luego, celebraba contratos con Tránsito Seguro S.A. para el desarrollo operativo del sistema.
La empresa, registrada como proveedora tecnológica, instalaba radares, cámaras y el soporte operativo necesario —incluidos recursos humanos— para el funcionamiento del esquema de fotomultas.
No obstante, según la documentación reunida, Tránsito Seguro “solo labra las actas”, mientras que la determinación y el cobro de las multas corresponden exclusivamente al Ministerio de Transporte bonaerense. El reembolso empresarial, sostiene la presentación, sería por la prestación operativa del servicio y no por el ejercicio del poder de policía.
El reparto de la recaudación
La fiscalía detectó además un esquema de distribución de fondos que quedó plasmado en los convenios incorporados a la causa. Según la documentación analizada, Tránsito Seguro S.A. se quedaría con el 70% de lo percibido por la Universidad Nacional de San Martín en concepto de recaudación por infracciones de tránsito, mientras que el 30% restante sería destinado a los municipios adheridos al sistema.
Los acuerdos revisados involucran a los municipios bonaerenses de San Martín, Roque Pérez, Zárate, San Andrés de Giles, General Pueyrredón, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, San Isidro, La Matanza, Junín y 9 de Julio.
A su vez, el Ministerio de Transporte provincial informó la participación de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A. como proveedoras de equipos en numerosos distritos bonaerenses, entre ellos General Pueyrredón, Zárate, La Matanza, Coronel Brandsen, Exaltación de la Cruz, Junín, Cañuelas, Morón, Almirante Brown, San Isidro, Escobar y Olavarría, entre otros.
Testaferros y denuncias contra competidores
La investigación de Marijuan también analiza una presunta red de testaferros y personas interpuestas que habrían sido utilizadas para denunciar a competidores comerciales y a funcionarios que se oponían al esquema.
En ese contexto, la denuncia sostiene que Camani tendría una vinculación directa con Secutrans y una relación indirecta con Tránsito Seguro mediante dos presuntos testaferros: Federico Gargaglia y Federico Rovira, quienes figuran formalmente como titulares de la empresa.
La hipótesis fiscal es que, mediante el uso de convenios universitarios y gracias a la intervención de Kampel, Camani habría logrado evitar licitaciones públicas y acceder de manera directa a contratos con distintos municipios bonaerenses.
Las pruebas y las medidas solicitadas
En su dictamen, Marijuan sostuvo que la prueba reunida “permite llegar a la conclusión de que dichas contrataciones deben ser investigadas” bajo la figura penal de lavado de dinero.
Como parte del impulso de la causa, el fiscal solicitó una batería de medidas de prueba:
- Certificar el expediente que tramita en la Justicia de Tres de Febrero.
- Librar una orden de presentación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Requerir a ARCA información patrimonial de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.
- Solicitar a la Unidad de Información Financiera informes sobre posibles Reportes de Operaciones Sospechosas vinculados a las empresas, a Leandro Camani y a Diego Kampel.
- Disponer eventualmente allanamientos en la Universidad Nacional de San Martín y en la fundación vinculada a esa casa de estudios.
