El empresario Leandro Camani deberá presentarse ante la Justicia provincial para ser notificado formalmente como imputado en una causa por extorsión agravada, en el marco de una investigación que apunta a una presunta red dedicada a presionar a personas para obtener declaraciones en expedientes impulsados con fines políticos.
La causa tiene como principal investigado al dirigente Matías Yofe, señalado por la Justicia como quien habría organizado una estructura destinada a “apretar” a distintos actores a cambio de sus testimonios en causas judiciales. Según consta en el expediente, Camani estaría vinculado a esa presunta maniobra.
De acuerdo con lo informado por el periodista Claudio Ponce de León, el esquema incluía un acuerdo económico para sostener un espacio mediático. Según su testimonio, Camani abonaba el 50% del costo del programa que Yofe ocupaba los sábados al mediodía —200 mil pesos de un total de 400 mil—, mientras que la otra mitad era transferida por Yofe desde la Coalición Cívica.
Siempre según esa declaración, el propio Ponce de León retiraba el dinero en efectivo en la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando viajes habituales, y las entregas se habrían concretado en tres domicilios distintos, entre ellos oficinas vinculadas a Tránsito Seguro y Red Cube, firma organizadora de los premios Premios Martín Fierro.
La acusación de Tapia
En el expediente figura como damnificado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. En su declaración, Tapia relató una serie de maniobras mediante las cuales habría sido presionado por Camani. Según su versión, tras negarse a acceder a lo solicitado, Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso habrían promovido acciones judiciales en su contra.
La investigación continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de la prueba recolectada.
Le quitaron la custodia al lilito complicado por presunta extorsión
El dirigente de la Coalición Cívica se había presentado ante la Justicia denunciando haber recibido amenazas contra su integridad física e incluso la de su familia, y señaló al entorno del ex ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’onofrio, como responsable de esa intimidación.
En ese marco, la justicia había ordenado custodiarlo con hombres de la división custodia de la policía bonaerense -3 en total- ante la sospecha de que estaba siendo víctima de hostigamiento y de amenazas por su condición de denunciante en una causa contra el ex funcionario provincial.
Sin embargo, la declaración de uno de sus custodios y las pruebas reunidas en la causa en la que, se investiga, podría formar parte de una banda organizada para extorsionar, hizo cambiar de parecer a la Justicia, que empezó a ver en Yofe un victimario, en lugar de una víctima de aprietes.
En ese contexto, según publicó el sitio Data Clave, el fiscal Andrés Quintana archivó las actuaciones y ordenó que Yofe ya no cuente con custodia. Entre los argumentos que utilizó el ministerio público fiscal aparecen declaraciones de amigos de Yofe quienes aseguraron que no se había tratado de amenazas, sino de “discusiones políticas”
