El proyecto que establece un nuevo marco legal para el sistema de discapacidad obtuvo dictamen de mayoría en el Senado y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. La iniciativa, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, busca reemplazar el esquema de emergencia vigente, que vence a fines de este año.
La medida fue respaldada por la Federación de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS), que conduce el rosarino Pablo Bolego. Desde la entidad manifestaron su conformidad con el texto consensuado y reclamaron que avance su aprobación definitiva.
“El proyecto tuvo dictamen de mayoría en el Senado, igual que como llegó de Diputados, así que estamos conformes. Principalmente porque estuvimos ante la imposibilidad de avanzar con la ley de emergencia en discapacidad y el proyecto regresivo que en principio había presentado el Ejecutivo tuvo modificaciones con los artículos principales que incluye la ley de emergencia”, señaló Bolego.
En ese sentido, el dirigente remarcó la situación que atraviesa el sector y pidió que la iniciativa sea tratada el próximo 19 de noviembre. “Hoy el colectivo de discapacidad se encuentra en emergencia, así que esperamos que se trate en el recinto y se vote finalmente esta ley, que brinda herramientas a las personas con discapacidad para poder sostener sus prestaciones, sus pensiones y, principalmente, su calidad de vida”, agregó.
Por otra parte, el titular de FATRADIS advirtió que el debate presupuestario será clave para garantizar la aplicación de la normativa. “Nos queda por delante trabajar y estar atentos para que en el Presupuesto 2027 se incluyan las partidas necesarias para que estas leyes, y la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, también estén garantizadas con los recursos correspondientes”, sostuvo.
Qué establece el proyecto de discapacidad que obtuvo dictamen en el Senado
Entre los principales puntos del proyecto se mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, con actualización por inflación, además de un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.
El texto consensuado ratifica que las pensiones equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio.
Otro de los puntos centrales es la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. De esta manera, las personas con CUD podrán conservar la prestación si cuentan con un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, se garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad tengan acceso a un mecanismo de cobertura de salud que contemple las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.
El dictamen fue firmado en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara alta. Ahora, la iniciativa espera su tratamiento en el recinto, donde podría convertirse en ley.
