La industria del Juicio, una actividad sobre la que suelen acumularse críticas por atentar contra la generación de fuentes de trabajo genuina, sigue intacta en el ámbito judicial bonaerense, y crea verdaderos negocios entre abogados querellantes e integrantes del Poder Judicial. El ardid al que, se sospecha, recurren jueces y algunos magistrados, consiste en la fijación de millonarias indemnizaciones con amañadas fórmulas para incrementar el monto de la sanción pecuniaria que, una vez estipulada, se “negocia” a la baja con el demandante, aunque la fijación de honorarios se establece en función del monto inflado por la sentencia. Un negocio redondo que atenta, incluso, con la mismísima jurisprudencia de la Corte que estipula la fórmula de fijación y actualización de la indemnización reclamada.
En efecto, en mayo de 2024, la Suprema Corte estableció parámetros razonables para la fijación del monto indemnizatorio y su natural actualización. La causa que sentó el precedente en el ámbito de la justicia bonaerense se conoce como el fallo Barrios y estipula que, para los casos de despidos, o en la tramitación de juicios por accidentes laborales, debe contemplarse la “depreciación monetaria”, más un interés compensatorio hasta tanto se ejecute dicha liquidación.
Pymes en jaque
La fórmula, sin embargo, pese a gozar de valor jurisprudencial por tratarse de un fallo de Corte, es vulnerada aviesa y deliberadamente por varios tribunales laborales de La Plata, lo que configura además de un hecho desafiante al parámetro establecido por el máximo tribunal, un escenario de evidente desigualdad en la administración de justicia –el pago de las indemnizaciones ya no depende de parámetros equitativos sino de la (mala)voluntad del Juez sorteado- que pone en jaque la continuidad sobre todo de las Pymes, que deben afrontar liquidaciones caprichosas fijadas al servicio de un plan de saqueo del mismísimo Poder Judicial, que debiera garantizar igualdad ante la ley también para las empresas demandadas.
Así lo hicieron saber a este portal representantes de Pymes de la Capital bonaerense, que reclaman previsibilidad jurídica, y denuncian las dispares fórmulas que aplican diferentes Juzgados laborales en la fijación de la suma sentenciada.
Elige tu propia fórmula
Actualmente, los cinco tribunales laborales de La Plata aplican fórmulas dispares para calcular la actualización de las indemnizaciones. El Tribunal N°1, por ejemplo, aplica el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) o el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) más un 6% anual; mientras que el Tribunal N°2 opta por RIPTE más un 1%. El N°3 no sigue una fórmula fija: ha utilizado RIPTE, IPC, SMVM y varía en intereses entre 1% y 3% anual. El N°4 toma un promedio de RIPTE entre el despido y el valor actual con una adición de 1% o 6%, según la fecha del despido. El N°5, por su parte, aplica RIPTE + 6% pero puede ajustar al salario de convenio si el RIPTE resulta demasiado alto.
Esta disparidad pone en jaque el principio de igualdad ante la ley. Empresas similares, con casos casi idénticos, enfrentan resultados judiciales completamente distintos, solo por el Tribunal en que se haya sorteado la causa.
Los casos se acumulan, pero la fórmula es las misma: cifras razonables en la demanda inicial, infladas arbitrariamente en sentencias extravagantes avaladas de manera caprichosa por la Justicia provincial. Dos ejemplos ilustran la situación que empezó a generar una rebelión en ciernes, entre las pymes damnificadas:
Un juicio que demandó originalmente la cifra de $750 mil de indemnización con una liquidación judicial de $27 millones. Otro caso incoado por una cifra de $2.7 millones, obtuvo una sentencia condenatoria a favor del demandante de $62 millones. Casi una zanahoria para replicar demandas que alimenten la industria del Juicio como fórmula de recaudación en la que pasan la gorra jueces y abogados en detrimento de empresas y hasta de particulares demandados
Desde el sector empresarial advierten que este tipo de disparidad promueve la llamada “industria del juicio”. Abogados que capitalizan la demora judicial y la falta de unificación de criterios obtienen sentencias con montos exorbitantes.
Las quejas de las Pymes , no obstante, no objetan la legitimidad del reclamo en tribunales: “las demandas son un derecho del trabajador”, aseguran. Le apuntan, básicamente, a “la discrecionalidad y la improvisación de los tribunales”, que –creen- está montado al servicio de alimentar un negocio propio.
El impacto se siente con mayor crudeza en las pequeñas y medianas empresas, responsables del 70% del empleo privado argentino. Estas deben enfrentar las mismas cargas laborales que una multinacional, pero sin su espalda financiera. Según la CAPYME, más del 50% de las pymes enfrentan litigios laborales con costos inviables. La falta de un criterio uniforme no sólo vulnera la seguridad jurídica, sino que drena recursos esenciales para la supervivencia de miles de emprendimientos familiares. A pesar de los esfuerzos por introducir reformas que contemplen criterios de equidad y gradualidad normativa, el sistema judicial bonaerense continúa atrapado en su propio laberinto de interpretaciones.
