En su paso por la Muestra Buenos Aires, Horacio Salaverri habló de los TECS como los cuatro ejes a trabajar “para mejorar la vida y la producción en el campo”. La sigla significa Transitabilidad, Electricidad, Conectividad y Seguridad y el presidente de CARBAP aseguró que la primera es elemental.
“Lo primero que se necesita hoy en la provincia de Buenos Aires es poder transitar por los caminos rurales“, afirmó el dirigente rural de Suipacha. Entonces ¿Cómo están los caminos rurales del territorio bonaerense? ¿Qué hace el gobierno provincial por ellos? ¿Y los municipios?
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Se manifestaron frente al municipio ante la falta de respuestas por los anegamientos en los caminos rurales. Un productor cruzó durante a funcionarios municipales.
Según el Ministerio de Desarrollo Agrario que lidera Javier Rodríguez hay unos 120 mil kilómetros viales en el ámbito rural. Es decir, 33 veces la longitud total de Argentina desde Ushuaia a La Quiaca. Las estimaciones de CARBAP hablan de 105 mil kilómetros, pero sigue siendo una superficie gigantesca. La tarea de mantenerlos está repartida entre los municipios, que reciben fondos provinciales y cobran una tasa especial, el Ministerio de Desarrollo Agrario y la Dirección Provincial de Vialidad.
Horacio Salaverri, presidente de CARBAP, habló sobre los caminos rurales en la Muestra Buenos Aires.
Para conocer el estado de los caminos, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa encuesta todos los años a los cerca de 2.000 productores agropecuarios bonaerenses que tiene afiliados en más de 100 municipios.
El último resultado de este sondeo es de junio de 2022 y muestra que el 64% de los encuestados calificaba como malo o regular el estado de la red vial rural. Es un porcentaje alto, pero considerablemente más bajo que años anteriores. En 2020 la disconformidad fue del 70% y en 2019 llegó al 71%. “Hay una leve mejoría”, reconoció el actual vicepresidente de CARBAP, Roberto Cittadini, cuando presentó estos números en el 3° Simposio de Caminos Rurales.
Ante esta mejora, el gobierno de Axel Kicillof hace gala de su Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Es que, según cifras oficiales, desde febrero de 2021 a julio de 2023 pusieron a punto 5.400 kilómetros caminos. Asimismo, anunciaron obras para otros 1.200 kilómetros mediante una inversión de $6.500 millones.
La responsabilidad de los municipios
Los números de CARBAP y los de la Provincia muestran una clara intención de abordar la problemática, pero hay otro actor a tener en cuenta que pareciera ser el foco de las críticas: los municipios.
Los Estados locales también tienen injerencia en el mantenimiento de la infraestructura vial de las zonas rurales y, de hecho, cobran una tasa especial para eso. Solo en 2022, el tributo por vialidad rural implicó más de 23 mil millones de pesos, de acuerdo a las cifras que maneja CARBAP. Algo así como $196.000 por kilómetro.
En algunos casos el trabajo lo hace un área municipal específica, pero en algunos partidos se conformaron comisiones especiales con productores agropecuarios y funcionarios para trabajar de manera consensuada.
Siguiendo con las encuestas de CARBAP citadas anteriormente, el 100% de los encuestados calificó como “mala” la gestión municipal de los caminos rurales. En paralelo, el 67% de los consultados en distritos con comisión vial habló de una “muy buena” gestión. Justamente, la intención de los dirigentes es conformar estos organismos en donde aún no funcionan (cerca de la mitad de los distritos con áreas de vialidad rural).
Pero las críticas hacia las gestiones locales no se agotan en la gestión. Otro aspecto importante, al menos para CARBAP, es la recaudación de la tasa, su uso inapropiado y la inclusión de sobretasas. Según sostuvieron durante el Simposio de Caminos Rurales realizado en Benito Juárez, el 41% de las tasas de red vial tienen “sobretasas que no tienen que ver con el mantenimiento de los caminos rurales”.
Esta tensión entre las comunas y el sector agropecuario viene generando tensiones hace año. Incluso en algunos lugares, como en el partido de Bolívar, los productores han decidido dejar de pagar la tasa municipal porque entienden que no se usa para su fin específico.
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