A contramano del abandono que caracterizó al inmueble durante décadas, el histórico edificio conocido como El Castillo de Cañuelas quedó a un paso de tener un nuevo destino. La Legislatura bonaerense avaló su expropiación y con ello reactivó un proyecto presentado por primera vez en 2022 para recuperar la exfábrica Finaco, ubicada estratégicamente en el cruce de las rutas 3 y 205.
La construcción, levantada entre fines de los años ’20 y comienzos de los ’30 por el industrial francés Gustave Artaux, comprende casi 4.900 metros cuadrados y está considerada una de las postales más emblemáticas del distrito. En una etapa inicial se evaluó utilizarla como sede de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, pero la iniciativa educativa perdió estado parlamentario y quedó archivada.
Con la aprobación del Senado bonaerense —concretada el viernes pasado— tomó fuerza la propuesta de transformar el edificio en un Polo Judicial, concentrando dependencias de Justicia, Seguridad y Tránsito en un único predio. Según medios locales, el expediente original fue impulsado por la diputada massista Ayelén Itatí Rasquetti, quien sostuvo tras la votación: “Estoy muy feliz por la aprobación porque es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace varios años. Ahora se abre una ventana de 120 días para que el Ejecutivo reglamente la Ley y en el caso de que no se introduzcan modificaciones, quedará firme. Luego tiene que realizarse el juicio de expropiación”. También confirmó que la puesta en valor del inmueble se financiará “con fondos del Poder Judicial”.
El valor de la expropiación rondaría los 4 millones de dólares, según estimaciones conocidas en las últimas horas.
Un proyecto que sobrevivió a cambios políticos
Rasquetti presentó la iniciativa en junio de 2022, pero al no avanzar en comisiones perdió vigencia. En mayo de 2024 decidió reactivarla con apoyo de la intendenta Marisa Fassi. Obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en marzo de 2025 y, finalmente, el 28 de noviembre el Senado la convirtió en ley con impulso de la senadora Sofía Vannelli.
Una historia marcada por expropiaciones, quiebras y usos fallidos
El edificio fue inaugurado en 1932 para alojar la empresa alimenticia Finaco, especializada en leche y huevo en polvo. Con el tiempo, su trayectoria institucional fue errática: primero fue expropiado durante el gobierno de Juan Domingo Perón; luego vendido en la presidencia de Arturo Frondizi; más tarde adquirido por el empresario alemán Guillermo Woters, que instaló allí la planta Imfasa, dedicada a películas fotográficas y radiográficas, hasta su quiebra a fines de los ’60.
Desde la década del ’80, la propiedad quedó en manos de Nilda Aquino Arzamendia y su hijo Martín Corsi. A lo largo de esos años cambió de destino varias veces, incluidos períodos como boliche y restaurante, para terminar nuevamente abandonada, con riesgo constante de usurpación.
Con la nueva ley, la Provincia prevé recuperar el edificio y darle un rol institucional clave: centralizar servicios judiciales y administrativos en uno de los accesos más transitados de Cañuelas, una definición que busca cerrar un ciclo de décadas de deterioro y redefinir el uso de uno de los inmuebles más icónicos del distrito.
