A través de la Resolución 3361/23, el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, le puso una fecha límite a la aplicación de la Ley Micaela (N° 27.499). Se trata de la norma que impuso la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que se desempeñen en la función pública. El personal de la Justicia deberá acreditar que hizo los deberes.
Se van a cumplir 4 años de la sanción de la Ley Micaela, tiempo suficiente para que los distintos organismos gubernamentales se pongan al día. Así lo consideró Rosatti en su Resolución ya que decidió que todo el personal del Consejo de la Magistratura deberá acreditar que cumplió con la capacitación obligatoria antes del 1° de marzo de 2024. Quienes no lo hagan podrán ser sancionados como lo establece el artículo 8 de la norma en cuestión.
TE PUEDE INTERESAR
En el mismo sentido, Rosatti decidió que a partir de ahora las personas que ingresen a trabajar al Consejo deberán acreditar en un plazo máximo de 60 días hábiles desde su designación que hicieron la capacitación exigida por la Ley.
El titular de la Corte Suprema de Justicia se amparó sostuvo que “un considerable porcentaje del personal” ya realizó los cursos. Sin embargo, advirtió que “se impone adoptar medidas tendientes a verificar que la totalidad de los agentes de este Consejo cuente con la capacitación obligatoria“.
TE PUEDE INTERESAR
