La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó el beneficio del arresto domiciliario para Albertina Mangini, la funcionaria judicial que se encuentra bajo investigación por su presunta participación en una compleja red de defraudación informática y lavado de activos de origen delictivo. La resolución, adoptada por las magistradas María Sofía Rezzónico Bernard y María Silvia Oyhamburu, desestimó el recurso interpuesto por la fiscal Betina Lacki, quien pretendía que la imputada continuara cumpliendo su encierro en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense.
De acuerdo con el fallo del tribunal de alzada, si bien existen riesgos procesales inherentes a una investigación de esta magnitud, estos pueden mitigarse de manera efectiva mediante la implementación de medidas alternativas de sujeción. Entre ellas se destacan el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico, la supervisión directa del Patronato de Liberados y la imposición de estrictas prohibiciones de contacto con las víctimas, los testigos y los demás consortes de causa.
Para fundar su decisión, las juezas evaluaron de manera pormenorizada los informes médicos y psicológicos presentados por la defensa técnica, ejercida por los letrados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina. Dichos informes documentaron un paulatino deterioro en el estado físico y emocional de la funcionaria durante su permanencia en prisión. Asimismo, el tribunal ponderó la inexistencia de antecedentes penales condenatorios previos, el arraigo familiar acreditado en la región y una modificación en la calificación legal provisoria tenida en cuenta para merituar la procedencia de la morigeración.
No obstante, la medida cautelar todavía se encuentra supeditada a su instrumentación práctica. Antes de que se concrete el traslado, el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene la obligación de constatar que el domicilio propuesto por la defensa reúna las condiciones técnicas y de conectividad indispensables para la correcta instalación y funcionamiento de la tobillera electrónica o el sistema de geolocalización correspondiente.
El entramado de la megaestafa y las billeteras virtuales
La investigación penal preparatoria, que generó un fuerte impacto institucional en la capital provincial, se centra en desentrañar el funcionamiento operativo de una organización dedicada a captar de manera irregular datos personales y biométricos de sectores vulnerables de la población. Con esa información, la presunta banda procedía a abrir cuentas digitales en diversas plataformas para canalizar y lavar fondos millonarios, supuestamente vinculados con la operatoria de apuestas clandestinas y otras actividades marginales.
Uno de los ejes fundamentales del expediente apunta a una cuenta perteneciente a la firma Haz Pagos, la cual registró un flujo bruto que supera la impresionante cifra de 27.149 millones de pesos. Las autoridades judiciales aclararon que esta suma representa el volumen total de las acreditaciones y débitos analizados en el marco de las pericias contables, y no constituye necesariamente el lucro neto ilícito de la maniobra, aspecto que continúa bajo peritaje minucioso por parte de los peritos oficiales.
Según la hipótesis principal sostenida por la fiscalía a cargo de Betina Lacki, Mangini habría utilizado su posición y sus contactos laborales en un área vinculada con el Patronato de Liberados para captar a personas en situación de vulnerabilidad que estuvieran dispuestas a ceder sus datos personales a cambio de sumas menores de dinero. No obstante, los investigadores recalcan que esta resolución de la Cámara se circunscribe estrictamente a la situación procesal de la medida de coerción, por lo que no implica de ningún modo un adelanto de opinión sobre su responsabilidad penal definitiva en los hechos investigados.
El estado actual del expediente y los demás imputados
La causa principal cuenta con múltiples implicados que cumplen diferentes situaciones procesales. Mientras la situación de Mangini se encamina hacia la morigeración domiciliaria, otros coimputados como Ignacio Leonel Marchioni, Mauro Perrotta y Juan Ignacio Campoli Sillero continúan con prisión preventiva dictada en su contra, al considerarse que su permanencia en detención efectiva es indispensable para evitar entorpecimientos probatorios.
En contraparte, otros actores del expediente lograron modificar su estado de libertad. Tal es el caso de Cristian Alejandro Scigliano, quien recientemente recuperó la libertad bajo el cumplimiento de estrictas reglas de conducta fijadas por el magistrado de garantías. Por otro lado, la pesquisa mantiene un prófugo de relevancia, ya que pesa una orden de captura vigente sobre Catriel Taubenschlag, cuyo paradero es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad federales y provinciales para someterlo a declaración indagatoria en el marco de la megaestafa platense.
