Finalmente la funcionaria judicial Albertina Mangini cumplirá prisión domiciliaria, quien actualmente se encuentra procesada por integrar una compleja organización criminal dedicada a la defraudación y al lavado de activos por una cifra superior a los 27 mil millones de pesos. La resolución fue firmada por el juez de Garantías Agustín Crispo, quien dispuso que la imputada permanezca bajo constante monitoreo electrónico mediante tobillera y con la estricta prohibición de mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con las víctimas, testigos o coimputados del expediente.
Mangini, quien se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados dentro del Departamento Judicial de La Plata, está acusada de conformar un entramado ilícito que captaba a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica y a personas bajo supervisión judicial. La maniobra consistía en ofrecerles sumas de dinero a cambio de obtener sus datos biométricos mediante el escaneo del iris de sus ojos, información que luego era manipulada para la apertura no autorizada de cuentas en billeteras virtuales destinadas a canalizar y blanquear las ganancias provenientes de casinos online clandestinos.
El magistrado actuante fundamentó su decisión al considerar el planteo elevado por la defensa técnica de la acusada, integrada por los abogados Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón. En la presentación judicial, los letrados alegaron complicaciones de salud y circunstancias personales particulares que surgieron con posterioridad al dictado de la prisión preventiva, las cuales permitieron evaluar la atenuación de la medida coercitiva
Los fundamentos del fallo
El juez Crispo argumentó que los elementos probatorios y de evaluación recolectados tras el dictado de la medida preventiva inicial permiten suponer que los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación pueden neutralizarse de manera razonable mediante este régimen de arresto domiciliario. A su vez, el magistrado remarcó que la funcionaria carece de antecedentes penales computables, se encuentra desafectada de sus funciones dentro del Poder Judicial y ha perdido por completo el acceso a los recursos o mecanismos institucionales que le otorgaba su cargo
No obstante la morigeración concedida, la efectivización del traslado al domicilio de la imputada quedará supeditada a que la resolución adquiera estado de firmeza procesal. Además de la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica, la resolución impone restricciones severas que prohíben a Mangini comunicarse mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales, servicios de mensajería instantánea o por intermedio de terceras personas con cualquiera de las partes involucradas en el proceso.
La detención inicial de Mangini se produjo el pasado 13 de agosto, momento en que fue trasladada y alojada temporalmente en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato. Posteriormente, a mediados del mes de septiembre y a instancias de un requerimiento formal presentado por la fiscal de la causa, Betina de Lacki, el juez de Garantías resolvió dictar la prisión preventiva bajo la imputación de asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos e identidades, y lavado de activos agravado por la habitualidad y por su comisión en calidad de miembro de una estructura organizada.
La maniobra con el iris y la explotación de vulnerables
En los fundamentos del procesamiento preventivo, la Justicia remarcó que la funcionaria judicial tuvo una participación directa, consciente y continuada en la captación de ciudadanos para despojarlos de su identidad digital. Aprovechando las competencias de su puesto de trabajo en la articulación con el Patronato de Liberados, la acusada citaba a personas tuteladas o necesitadas en lugares públicos, como establecimientos gastronómicos, donde mediante dispositivos móviles provistos por la banda se procedía al escaneo ocular y a la toma de fotografías.
A cambio de someterse al procedimiento tecnológico, las víctimas recibían una suma cercana a los 80.000 pesos. Con la información biométrica obtenida, la red lograba vulnerar los sistemas de validación de identidad e ingresar al circuito financiero formal mediante la creación de usuarios sintéticos en diversas plataformas digitales. Por esta vía se operaba la recaudación ilegal de las plataformas de juego no autorizadas, ocultando la trazabilidad de los fondos y el verdadero origen de los activos financieros.
El origen de la causa judicial se remonta a la denuncia penal radicada por una trabajadora de limpieza del propio Patronato de Liberados. En su testimonio, la mujer relató que le habían prometido un pago de 80.000 pesos a cambio de someterse al escaneo del iris de sus ojos, aunque finalmente solo le hicieron entrega de 40.000 pesos, situación que encendió las alarmas e inició la exhaustiva pesquisa penal a cargo del Ministerio Público Fiscal.
Allanamientos, detenciones y la carrera de la acusada
El expediente judicial no solo involucra a la funcionaria, sino que también derivó en la detención y procesamiento de otros imputados clave, entre los que se destacan Ignacio Marchioni —quien ya registraba antecedentes de investigación en causas vinculadas a la firma Sur Finanzas y su relación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— y Mauro Perrotta. Todos ellos resultaron aprehendidos en el marco de un operativo coordinado por la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los mandamientos de captura y registro se concretaron de forma simultánea en diversas dependencias y domicilios ubicados en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y la localidad de La Falda, en la provincia de Córdoba. Durante las irrupciones policiales, las fuerzas de seguridad incautaron una importante cantidad de material probatorio y elementos de valor comercial y tecnológico destinados al funcionamiento de la logística ilegal de la banda.
Entre los bienes secuestrados figuran una pistola calibre .9 milímetros, 17 aparatos de telefonía celular, cuatro computadoras portátiles, seis unidades centrales de procesamiento (CPU), seis dispositivos posnet, dos grabadoras digitales de video (DVR) y diversos soportes de almacenamiento digital. Asimismo, se incautaron sumas de dinero en efectivo en distintas divisas: 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
Albertina Mangini inició su vínculo con el Ministerio Público Fiscal bonaerense en junio de 2009, iniciando sus tareas en una fiscalía con sede en la ciudad de Saladillo. Con el transcurso de los años ascendió dentro de la estructura administrativa del organismo hasta integrarse a distintas unidades funcionales bajo la órbita de la Fiscalía General de La Plata, obteniendo finalmente el cargo directivo en la oficina de enlace con el Patronato de Liberados.
La situación administrativa de la imputada se encuentra suspendida formalmente desde febrero de 2025, fecha en la que se le notificó formalmente la imputación inicial. Dicha medida preventiva, que se renovaba periódicamente cada 90 días dentro del ámbito disciplinario, fue prorrogada de manera firme e indefinida por las autoridades competentes tras su detención e indagatoria, manteniéndose vigente durante todo el desarrollo del proceso penal.
