Las paradojas en la política hace rato dejaron de llamar la atención. Desde que la maquinaria marketinera, que ahora incluye inteligencia digital para captar votos, reemplazó al contrato explícito de las viejas plataformas electorales donde el candidato firmaba un compromiso escrito con sus electores, las afirmaciones son efímeras, las promesas pasajeras y el valor dela palabra cotiza en baja. Si las midiera el INDEC, sería el único bien deflacionario en la Argentina macrista.
El gobierno del presidente Macri desembarcó después de haber asumido una serie de variados compromisos, entre ellos, el de recuperar la “institucionalidad” que –según denunció Cambiemos en la Campaña- “el peronismo le había arrebatado al sistema republicano”. En eso el PRO también dañó la principal jactancia de sus socios radicales. Supo explotar su condición de “republicanos”, esa histórica bandera de diferenciación que los correligionarios enarbolaban, con razón o sin ella, como marca registrada para confrontar con el peronismo. Le va a costar a la UCR explicar más de una de las medidas que tomó el Gobierno y que desafían, violentándola a límites desvergonzados en muchos casos, la sana división de poderes.
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Si como muestra sobra un botón, Cambiemos se ha transformado en una mercería: intentó designar por decreto ministros de la Corte; impuso un Procurador General “interino” que mantuvo durante toda la gestión avalando cualquier capricho oficialista, aun cuando asumió –se dijo- para terminar con la ‘escribanía kirchnerista’ que le atribuyó a Alejandra Gils Carbó; firmó decretos que modificaron el espíritu de una ley sancionada por el Congreso para amoldarlo a sus propios intereses, como ocurrió en la ley de Blanqueo y armó una muralla de contención que permitió a jueces y fiscales adictos al Gobierno ejecutar decisiones que lesionan el principio de inocencia, el debido proceso y derechos básicos de procedimiento penal en contra de dirigentes opositores.
La jugada que puso en marcha contra el Juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el magistrado que investiga una red de espionaje ilegal que complica a fiscales federales aliados al Ejecutivo en su avanzada judicial contra el kirchnerismo; medios periodísticos y, sobre todo, a la base de sustento moral de Cambiemos, la Coalición Cívica de Lilita Carrió, aparece, a priori, como parte de una estrategia oficialista basada en la fórmula del tero: grita en un lugar, y pone los huevos en otro para despistar depredadores. Una maniobra que Cambiemos cobra a dos bandas: intenta deslegitimar la investigación que lo compromete y entorpece el desembarco del Juez mejor posicionado para asumir el estratégico Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de la competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país.
No importa el derrotero de la denuncia que presentó el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, para remover a Ramos Padilla. Aun cuando el oficialismo no consiga los votos necesarios para echarlo, habrá sembrado, apoyado por la fenomenal maquinaria mediática con la que cuenta, sospechas sobre el accionar del magistrado en la causa D’alessio, y habrá minado la posibilidad de que asuma el estratégico Juzgado Federal con competencia electoral, un cargo para el que el mismo Consejo que ahora analizará su comportamiento lo había promocionado, en orden de mérito, en el primer lugar del concurso vigente.
Con un jury en su contra abierto, Ramos Padilla, el mejor posicionado para ocupar el cargo que dejó vacante la muerte de Manuel Blanco y que hoy subroga Adolfo Gabino Ziulú en el Juzgado Federal con competencia electoral de La Plata, pierde el privilegio ganado por exámen y antecedentes. Como en el juego de la Oca, la movida oficialista hace retroceder al magistrado la cantidad necesaria de casilleros para alejarlo de ese estratégico sillón, siempre sensible a los intereses de la política.
¿Quién se animaría a designar a un Juez con un proceso de remoción abierto, para ocupar ese lugar, aun cuando este mismo Consejo que hoy lo investiga lo hubiese promocionado?
Otro ejemplo más de la debilidad institucional a la que ha sometido a la República un gobierno que, paradójicamente, vino a recomponer ese presunto déficit, y en medio del discurso oficialista que presenta esa materia como máximo logro de la gestión de Cambiemos. Aliado a los medios y con una fenomenal campaña en las redes, toda otra marca de época que el oficialismo explota hasta el hartazgo, Cambiemos asoció la figura de Ramos Padilla al kirchnerismo, y hará todo lo posible para impedir su designación al frente del Juzgado con competencia electoral. Ese parece ser, finalmente, el leit motiv de esta ridícula denuncia que se sostiene, como casi todo lo que ejecuta este gobierno en materia judicial, en antojadizas especulaciones políticas sin sustento argumental.
¿Puede ser acusado un Juez que concurre convocado por el Congreso Nacional a dar explicaciones con pruebas contundentes sobre una grave investigación que desnuda la existencia de una banda de espionaje ilegal que opera en las sombras encumbradas del Poder, por “mal desempeño”?. ¿Tiene autoridad moral para sostener tal acusación un sector político que intentó sentar ante el Congreso al fallecido fiscal Nisman, en medio del receso legislativo y con una resolución judicial que le había negado saltar la feria judicial?. ¿Puede objetarse el accionar de un Juez que acaba de ganar por antecedentes y mérito propio la posibilidad de asumir un Juzgado Federal que es clave en la Provincia de Buenos Aires? Las respuestas a esos interrogantes dejan mal parado al oficialismo.
El mensaje es claro: con una acusación de tipo política, el Gobierno arremetió contra un Juez que lo investiga. Ya lo había hecho, por caso, con el fiscal Federal Federico delgado, que denunció persecusión con una frase que no admite falsas intepretaciones: “si uno no hace lo que quiere el Poder, se transforma en sospechoso”. Una fragilidad institucional que no se condice con la presumida institucionalidad de la que se jacta Cambiemos.
Sobre Ramos Padilla no existe ninguna denuncia que lesione su actividad en la administración de Justicia; ni imputaciones como las que llueven contra los jueces de Comodoro Py por enriquecimiento ilícito, ni está acusado de integrar una asociación ilícita, ni de arbitrariedad manifiesta, ni de haberse corrido en centímetro de su rol en términos de impartir justicia. Por el contrario, esta misma semana se conoció que el Consejo de la Magistratura lo consideró como el más apto para ocupar un cargo clave. Sobre Ramos Padilla existe, ahora, una denuncia sostenida en mera “especulación política” del Gobierno sobre su accionar en una causa sensible que involucra a su principal socio electoral, la Coalición Cívica de Lilita Carrió.
Cambiemos echó a rodar su particular visión sobre la institucionalidad, según la cual, la verdadera “independencia” del Poder judicial es aquella que no roce sus intereses ni obstaculice las investigaciones que apuntan al principal partido político de la oposición. Una reformulación de los principios republicanos por parte del Gobierno que lesiona, como se dijo, la principal jactancia del centenario partido radical, y su proclamada institucionalidad.
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