La tensión en el sector de los servicios públicos bonaerenses sumó un nuevo capítulo de preocupación tras el crítico diagnóstico presentado por la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE). En un encuentro clave con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, las autoridades de la federación expusieron la delicada situación que atraviesan las entidades, atrapadas entre el peso de las deudas acumuladas con Cammesa, la parálisis de las inversiones y el desfinanciamiento originado por las políticas de la administración nacional.
El origen del ahogo financiero actual se remonta a finales de 2019, cuando se inició un prolongado congelamiento tarifario. Según explicó el presidente de FICE, Roberto Otero, la falta de actualización de los ingresos obligó a las cooperativas a tomar decisiones drásticas para subsistir. Ante la imposibilidad de cubrir los costos operativos crecientes, la gran mayoría optó por priorizar sus obligaciones laborales y tributarias, dejando en un segundo plano el pago de las facturas por la compra de energía, ya sea directamente a Cammesa o a las distribuidoras mayoristas.
A pesar de que a partir de 2022 se implementaron reajustes de transición que aliviaron parcialmente el panorama, el pasivo acumulado sigue siendo una mochila asfixiante. El sector advierte que persisten dos frentes críticos sin solución definitiva: por un lado, la dificultad para afrontar el repago de la deuda regularizada, cuya viabilidad depende de la realidad económica particular de cada cooperativa; por el otro, la preocupante postergación de las inversiones en infraestructura de red, una situación que ya comenzó a pasar factura a la calidad del servicio, especialmente en las zonas rurales más aisladas del territorio bonaerense.
A este complejo escenario local se le suma el conflicto por los recursos que el Gobierno nacional retiene al sector. Desde FICE denunciaron la falta de distribución a las provincias de los fondos provenientes del impuesto al capital de las cooperativas. De acuerdo con las estimaciones de la entidad, la Nación no habría destinado a la promoción del sector cerca de 84.000 millones de pesos aportados por las propias cooperativas. La inquietud se profundiza al mirar el horizonte legislativo, dado que en agosto de 2027 vence la ley que sostiene el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, lo que demandará un complejo armado político entre gobernadores y legisladores para lograr su prórroga.
En sintonía con este reclamo, las voces del Ejecutivo provincial reforzaron las críticas hacia el rumbo energético que propone la Casa Rosada. El subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, apuntó con dureza contra el paquete de reformas enviado por el Gobierno nacional al Congreso, al que calificó como un golpe directo al bolsillo de los bonaerenses. Ghioni advirtió que las medidas oficiales buscan reducir drásticamente la cantidad de usuarios beneficiados por subsidios, afectando puntualmente a quienes residen en zonas frías, además de intentar indexar las tarifas de gas y electricidad a variables coyunturales y avanzar sobre las potestades tributarias de las provincias.
Finalmente, el funcionario provincial enmarcó la disputa en una confrontación de fondo sobre el rol del sector energético en el desarrollo estratégico del país. Al contraponer la gestión de Axel Kicillof con la premisa desreguladora del gobierno central, Ghioni enfatizó la necesidad de concebir la matriz energética no solo como un negocio de exportación, sino como un motor para el mercado interno. En ese sentido, concluyó que la Provincia concibe al Estado como un actor presente y fundamental para amortiguar los golpes de la crisis y traccionar la producción, marcando una distancia insalvable con el modelo de libre mercado absoluto que impulsa la Nación.
