La discusión en torno a la Ley de Régimen Penal Juvenil volvió al centro de la escena en el Congreso, y el senador nacional por Buenos Aires, Maximiliano Abad, planteó que el debate “no debe quedar reducido a la baja de la edad de imputabilidad”. En ese sentido, sostuvo que cada reforma legal envía un mensaje y que, en este caso, el objetivo debe ser mostrar que “la Argentina no renuncia a recuperar a sus jóvenes”. También advirtió que la aplicación efectiva de la norma dependerá de “una reglamentación seria y responsable”.
El legislador destacó que el nuevo régimen reemplaza una estructura legal vigente desde la dictadura y celebró el acuerdo alcanzado para fijar en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, un parámetro que, según afirmó, “coloca a Argentina en el promedio regional”. En su intervención, sumó un diagnóstico sobre el consumo problemático de sustancias entre adolescentes y recordó, citando a la Sociedad Argentina de Pediatría, que “cuatro de cada diez jóvenes probó alguna droga ilegal antes de los 14 años”.
Abad subrayó que el nuevo esquema prioriza la educación y la reinserción social, prevé penas proporcionales y deja la privación de libertad como último recurso. En paralelo, reclamó recursos para las provincias y remarcó la necesidad de impedir que adolescentes sean derivados a cárceles para adultos.
Al cerrar su postura, afirmó que el desafío es sostener un Estado de Derecho que combine “firmeza frente al delito y respeto irrestricto por las garantías individuales”, y que dé respuestas tanto a las víctimas como a los jóvenes involucrados en situaciones delictivas.
