El subsecretario de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Romero, defendió la reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei, la cual ya obtuvo media sanción en Diputados y espera su tratamiento en el Senado. La iniciativa propone, entre otros puntos, bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y establecer un sistema integral diferenciado para menores.
En diálogo con el programa Lado P por Infocielo Play, el funcionario explicó los alcances de la iniciativa y sostuvo que la discusión no se limita únicamente a la reducción de la edad de imputabilidad, sino a la implementación de un nuevo esquema penal juvenil con instituciones específicas orientadas a la resocialización.
Romero detalló que el proyecto establece un régimen especial para adolescentes de entre 14 y 18 años, con límites diferenciados respecto del sistema penal adulto. “No es solamente el cambio de edad, la reducción en la edad de imputabilidad sino también la instauración de un Régimen Penal Juvenil, un régimen integral. Tenemos un imputable a partir de 14 años, comete un delito eventualmente puede ser sancionado penalmente, hasta 15 años de prisión máximo”, señaló.
Qué propone la reforma y cómo funcionaría
En ese sentido, precisó que la pena máxima prevista para los delitos más graves será inferior a la de los adultos. “De los 14 hasta los 18 años, máximo 15 años de prisión, para los delitos más graves, como el homicidio calificado que está penado con prisión perpetua, tendría en este caso, después de un juicio y un debido proceso penal, 15 años máximo”, afirmó. Asimismo, aclaró que el régimen contemplará condiciones específicas de detención y tratamiento.
El funcionario explicó que el nuevo sistema implicaría la creación de infraestructura y personal especializado. “Esto implicaría, no solamente la construcción de cárceles de menor, sino también un servicio penitenciario o una institución penitenciaria juvenil debidamente capacitada, debidamente seleccionado su personal y que trabaje en veas a la resocialización”, indicó, al remarcar que el sistema penal argentino busca ofrecer oportunidades de reinserción.
En esa línea, Romero remarcó que el modelo argentino se diferencia de otros sistemas penales internacionales. “El sistema penal argentino, es importante destacarlo, siempre da una nueva oportunidad, no es como el derecho penal anglosajón, que te extingue, ya sea con la pena de muerte, extinguiendo definitivamente y matando, o te estirpa de la sociedad civilmente”, sostuvo, y añadió que en el país todos los condenados pueden solicitar beneficios como la libertad condicional.
Consultado sobre la implementación inmediata del régimen en caso de aprobación definitiva, el subsecretario anticipó que habrá un período de adaptación institucional. “Yo creo que va a haber, aunque no sé con certezas, una transición. No se puede de la noche a la mañana, la ley no son palabras mágicas que cambian todo, tiene que haber infraestructura”, explicó. En ese marco, señaló que el proceso requerirá coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y las provincias, que deberán adherir al sistema y definir autoridades responsables.
“Hay mucho por hacer, y este es el primer paso”, afirmó Romero, al tiempo que destacó que el debate actual permite abordar cuestiones que anteriormente no se discutían. Según expresó, la implementación del régimen también demandará financiamiento, formación de personal especializado y acuerdos federales para su funcionamiento.
Por otra parte, el funcionario diferenció la reforma penal del problema de la inseguridad pública y relativizó su impacto directo en la prevención del delito. “Van por cuerdas separadas. La seguridad se garantiza con prevención y el Código Penal no es preventivo”, sostuvo. En esa línea, explicó que las penas pueden tener un efecto disuasorio limitado y que quienes eligen el delito como forma de vida “desafían al sistema penal permanentemente”.
Romero también remarcó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención desde el Poder Ejecutivo mediante herramientas como la inteligencia criminal y el policiamiento predictivo. “La ley penal no es preventiva, no hace la seguridad, la seguridad va por otro camino; de hecho la seguridad no le corresponde al judicial, le corresponde al Ejecutivo, que tiene que trabajar con la inteligencia criminal, el policiamiento predictivo, la información, el intercambio de información entre fuerzas”, concluyó.
La reforma del Código Penal Juvenil se inscribe así en el debate más amplio sobre la política criminal del Gobierno nacional, en medio de posiciones contrapuestas sobre el impacto de la baja de la edad de imputabilidad y la reorganización del sistema de responsabilidad penal para menores en Argentina.
