El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a marcar posición frente al proyecto de “modernización laboral” del gobierno nacional que buscará ser aprobado antes de fin de mes con el apoyo de gobernadores aliados.
En un acto realizado en el Salón Dorado, los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Gobierno, Carlos Bianco, presentaron un informe técnico-político que sistematiza —en más de 60 páginas— las razones por las cuales la administración bonaerense rechaza la iniciativa impulsada por Javier Milei.
El texto elaborado por el Ministerio de Trabajo cuestiona los fundamentos del proyecto nacional y advierte sobre sus efectos concretos: pérdida de derechos laborales, precarización del empleo, debilitamiento sindical, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del rol estatal en la regulación del trabajo. Y pone en relieve los fracasos previos de propuestas de este tipo.
El informe incorpora además un repaso histórico de las reformas regresivas en materia laboral, desde la última dictadura hasta hoy, marcando continuidades en los intentos de desregulación. Para la Provincia, el proyecto actual se inscribe en esa línea y busca profundizarla.
Apoyo sindical, empresarial y legislativo en la presentación
La actividad reunió a sindicatos, cámaras empresariales, PYMEs, laboralistas y legisladores. Diversos participantes tomaron la palabra para expresar su rechazo a la iniciativa y respaldar la postura provincial. Correa subrayó que el informe fue “trabajado de manera colectiva” y remarcó que “de los 197 artículos que tiene este proyecto de ley, no hay uno solo que defienda los derechos de los trabajadores”.
Bianco, por su parte, planteó que flexibilizar no genera empleo y que el verdadero objetivo del proyecto es avanzar en un proceso de desindustrialización que afectaría a todo el entramado productivo y a las provincias.
También expusieron ex funcionarios laborales bonaerenses y referentes sindicales como Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, además de dirigentes del sector industrial que advirtieron sobre impactos negativos en la actividad.
Con esta presentación, la Provincia busca intervenir en el debate legislativo aportando insumos técnicos y políticos, y reforzando su alineamiento con la defensa del trabajo, la producción y la industria nacional. La posición es explícita: consideran que la reforma no solo no ampliará derechos ni mejorará el empleo, sino que habilitará un retroceso estructural en las relaciones laborales.
La discusión seguirá en el Congreso y Buenos Aires viene sostiendo su posición crítica desde hace tiempo, pero en esta instancia parece haber decidido entrar al debate de manera frontal mientras el tiempo para sentar posiciones se extingue.
Las claves del informe que presentó la Provincia
• El informe sostiene que el proyecto de “modernización laboral” profundiza un modelo histórico de flexibilización, con raíces en la dictadura y en reformas de los 90, que apunta a reducir derechos y debilitar la organización sindical.
• Rechaza el diagnóstico del Gobierno nacional sobre “rigidez normativa, alta litigiosidad e incertidumbre jurídica”, afirmando que no existe evidencia de una industria del juicio y que el sistema indemnizatorio argentino es previsible y tarifado.
• Plantea que la informalidad elevada no se debe a la legislación laboral, sino al incumplimiento empresario, y señala que cuando se flexibilizó (1989–2001) aumentó el desempleo; cuando se protegió (2002–2015) mejoraron los indicadores.
• Advierte que la reforma altera principios doctrinarios básicos (protección del trabajador, justicia social, in dubio pro operario) y excluye a nuevos grupos de la LCT, como plataformas y trabajadores independientes con colaboradores.
• Denuncia un vaciamiento del poder de control provincial al centralizar registración y fiscalización en un ente nacional, lo que —según el informe— viola el federalismo y relaja la capacidad de intervención ante incumplimientos.
