Los números no mienten. El PAMI, la obra social más grande del país, quedó envuelta en un nuevo escándalo que expone cómo los bolsillos de los jubilados terminan siendo la caja chica del poder. Esta vez, el foco está puesto en la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas: insumos esenciales para devolver visión a miles de afiliados, pero que fueron facturados al Estado con precios inflados hasta diez veces más que su valor real.
El sistema fue expuesto y narrado con lujo de detalles en el programa de Luciana Geuna de TN, una “rara avis” en esa pendulante señal de noticias.
La operatoria de adquisición hasta julio funcionaba de manera descentralizada —cada oftalmólogo compraba los lentes y luego rendía las facturas al PAMI—, pero de repente cambió de un plumazo.
En agosto, mediante la resolución 1737/2025, la conducción libertaria de la obra social dio de baja ese esquema y lanzó una licitación por $80.000 millones para un año, con opción de prórroga. El argumento oficial fue garantizar trazabilidad, stock y control. Sin embargo, lo que debería haber significado un ahorro se convirtió en una catarata de sobreprecios.
Los profesionales reaccionaron rápido. Más de 500 oftalmólogos en un chat nacional comenzaron a cruzar facturas y valores de mercado. El resultado fue escandaloso: el mismo lente que ellos compraban por $28.000 a $35.000, el PAMI lo estaba pagando entre $150.000 y casi $300.000. En algunos casos, la diferencia era de casi diez veces más.
Una visión borrosa del gasto público
Los ejemplos abundan y son contundentes. Implantec S.A. vendió a un médico 100 lentes Acryfold a $24.800 cada uno, pero al PAMI se los facturó a $162.166.
Visión Médica S.A. ofreció lentes Eyeol a $28.249, mientras que el organismo los pagó $279.704.
Otro laboratorio, MCZ, pasó un presupuesto de $32.000 más IVA por una lente Auroflex; el PAMI desembolsó $177.939.
El problema no es solo financiero
La centralización también trajo demoras: muchos envíos no llegan a tiempo y cirugías ya programadas deben ser reprogramadas, afectando a los jubilados que esperan recuperar la vista. Es decir, además de pagar más, se atiende peor.
Desde el PAMI defendieron el nuevo sistema. Aseguraron que el precio incluye no solo el lente, sino también soluciones viscoelásticas, logística, trazabilidad y provisión continua.
Incluso compararon: “OSDE paga $1.148.000 y la obra social del Poder Judicial $740.000 por la cirugía completa, mientras que nosotros gastamos $565.000”.
El discurso oficial intenta relativizar, pero la distancia entre lo que paga un médico en el mostrador y lo que paga el Estado sigue siendo obscena.
Otra catarata de corrupción libertaria
El escándalo de los lentes intraoculares no ocurre en el vacío. En apenas semanas, el gobierno libertario quedó golpeado por denuncias de manejos turbios en la compra de alimentos, irregularidades en licitaciones de pañales para afiliados y contrataciones con empresas cercanas a funcionarios.
La trama se repite: discursos de austeridad y transparencia en la tribuna, pero negociados opacos y sobreprecios en los pasillos.
Lo que duele especialmente es el cinismo. Mientras se recorta en medicamentos gratuitos y se ajustan jubilaciones, se firman contratos multimillonarios con laboratorios que venden un mismo insumo a seis o diez veces su precio.
Es una estafa doble: al erario público y a los abuelos que necesitan recuperar la vista. Una metáfora demasiado literal de la “ceguera ética” de un gobierno que prometió limpiar la política y termina embarrado en las mismas prácticas que criticaba.
El caso PAMI es apenas un ejemplo, pero también un síntoma. Cada nueva denuncia funciona como una lupa que amplifica lo que muchos ya sospechaban: que detrás del relato libertario de eficiencia, hay un festival de negocios para pocos.
En este escenario, los afiliados del PAMI, que esperan volver a ver con claridad, se convierten en víctimas de una catarata de corrupción que, irónicamente, les vuelve a nublar la vista.
