En el selecto mundo de la medicina prepaga, el Swiss Medical Group destaca como sinónimo de exclusividad y excelencia. A fuerza de un prestigio sostenido por la inversión publicitaria, la empresa de Claudio Belocopitt acaparó capital simbólico -y del otro- para consolidar una posición de poder que se ejerce en contra de los más débiles.
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El primer dato que surge de la realidad de los últimos meses tiene que ver con cómo “invirtió” el aumento de 12 por ciento que obtuvo -junto al resto de las prepagas-, con la autorización de la Superintendencia de Servicios de la Salud, en diciembre de 2019, con el que la suba del año trepó a más de 60 por ciento.
Cuando se conoció la medida del Gobierno, el director de SM, Miguel Bianco, salió a justificar los incrementos en los medios: “La razón de los aumentos es el aumento de los costos. El tema no es solo de Argentina, sino mundial, que es la inflación médica”, declaró a FM La Patriada.
La realidad no es tan lineal. “Recibieron doce por ciento de aumento, pero a los prestadores nos dieron 5 por ciento a enero”, relató a INFOCIELO una fuente que sigue de cerca los manejos de la empresa. ¿A dónde fueron los 7 puntos restantes?
Para los afiliados también hay rigor y los prestadores sufren el daño colateral. Es que Swiss Medical implementó un sistema de seguimiento de los pagos en tiempo real, para detectar cualquier pequeño atraso en el pago de las cuotas de parte de quienes requieren sus servicios. El más mínimo atraso no implica la caída del plan, pero sí la suspensión.
Para el afiliado, esto significa padecer la falta de cobertura ante cualquier eventualidad. Para los proveedores es una trampa muy peligrosa. Es que la mayoría no tiene cómo darle seguimiento al “minuto a minuto” del abonado, y presta el servicio requerido -tercerizado- con la sola exhibición del carnet con la cuota del mes vigente al día.
Lo que no sabe es que Swiss Medical no reconocerá la prestación si esta se brindó en esa “ventana” de tiempo en la que el afiliado estuvo al descubierto. “Esto nos genera enormes débitos porque o reconocen la práctica que terceros realizaban en nombre de la prestadora”, admitió otra fuente consultada por este portal.
Vale remarcar en este punto que son numerosas las prácticas que no están nomencladas ni reconocidas por la Obra Social y que, por lo tanto, se realizan y se abonan mediante un sistema de reintegros. Eso complejiza enormemente las consecuencias del “sistema de rigor” que aplica Belocopitt, y que tiene su punto más siniestro en las penalizaciones o el rechazo de prácticas sistemático que se impone cada vez que un informe o una orden contiene un dato confuso o erróneo.
A Martín, un bebé platense que padece Atrofia Muscular Espinal, le negó los medicamentos indispensables para mejorar su calidad de vida, primero bajo el pretexto de una traba burocrática impuesta por la ANMAT y luego por falta de “capacidad financiera”. Los familiares de Martín movilizaron y le dieron visibilidad al caso a lo largo de 2018. Finalmente, lograron un recurso de amparo que ordenó a la prestadora a facilitar el medicamento.
La Justicia le ha dado varios tirones de orejas a la empresa. En 2019, un afiliado de Rosario logró una sentencia a favor, por la cual la empresa fue condenada a pagarle una cifra cercana a los 2 millones de pesos por cobrarle un “extra” cuando superó los 60 años de edad, y a pesar de que llevaba afiliado más de 20 años.
En Río Negro se dio un caso similar: una mujer denunció a la empresa por un aumento de 120 por ciento en la cuota que abonada. ¿La Justificación? “Haber alcanzado la edad de 65 años”. La Justicia avaló en dos instancias la posición de la damnificada y condenó a SM a pagar 240 mil pesos por daño moral y daño punitivo.
Swiss Medical no se destaca por su eficiencia ni buen trato. Basta con seguir las publicaciones de sus redes sociales en el lapso de pocas horas para encontrar toneladas de reclamos de parte de sus afiliados. Allí se puede encontrar una variedad de quejas, que van desde la falta de médicos en los sanatorios, incumplimiento de horario de los turnos, reclamos que no se atienden adecuadamente mediante los canales institucionales, como la línea de atención al cliente.
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