En Europa, cientos de personas viajan cada año hacia países donde la eutanasia está permitida. Franceses que van a Suiza, italianos que cruzan a Bélgica, británicos que aterrizan en los hospitales de Zúrich con la decisión tomada. El llamado “turismo de la muerte digna” existe, aunque suene brutal. En América Latina, ese fenómeno queda algo lejos. Pero podría cambiar pronto, y el trazado pasaría —literalmente— por la cordillera de los Andes.
Chile abriría la puerta
En septiembre último, la Comisión de Salud del Senado chileno aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia. Fue una votación ajustada: 3 a 2. Pero suficiente para que el texto avanzara al pleno del Senado, donde se espera su discusión en los próximos meses.
La propuesta, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, busca garantizar el derecho a una muerte médicamente asistida bajo condiciones estrictas: enfermedades terminales o padecimientos graves e incurables.
Entre las modificaciones recientes se eliminó la posibilidad de aplicarla por razones psicológicas o en menores de edad. También se suprimió la objeción de conciencia institucional, aunque se mantiene la individual.
Si la ley es aprobada, Chile se convertirá en el tercer país latinoamericano, junto a Colombia y Ecuador, en permitir la eutanasia. Pero a diferencia de ellos, su cercanía con nuestro país —geográfica, cultural y sanitaria— podría abrir un nuevo escenario regional: el de los argentinos que viajen a morir al otro lado de la cordillera.
La frontera de la dignidad con un año de residencia
Hoy en Argentina el debate está prácticamente ausente. Las leyes de “muerte digna” y “voluntad anticipada” sólo permiten rechazar tratamientos que prolonguen la vida artificialmente, pero no habilitan la eutanasia activa. En otras palabras: se puede dejar morir, pero no ayudar a morir.
Si Chile aprueba su ley, el país vecino podría transformarse en el “Suiza sudamericano”. No sería descabellado imaginar clínicas privadas ofreciendo asesoramiento binacional, familias cruzando los pasos fronterizos con la misma mezcla de dolor y alivio que hoy se ve en Europa. La diferencia sería simbólica pero potente: morir con dignidad, pero sin necesidad de volar al otro continente.
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Una particularidad es que para evitar este “turismo mortuorio”, la ley prevé que para extranjeros debe cumplimentarse un año de residencia en Chile, antes de solicitar la muerte asistida avalada por médicos.
El gobierno de Boric, pese a la resistencia de la mayoría opositora en el Senado, ya mostró voluntad política. Introdujo cambios para apaciguar a los sectores conservadores y prometió darle urgencia parlamentaria.
Si el texto supera la votación del Senado y logra consenso con Diputados antes de marzo de 2026, Chile habrá dado un paso histórico: convertir la libertad de morir en una política pública.
Cruzar para morir, como se cruza para comprar
Durante décadas, los argentinos cruzaron a Chile por motivos específicamente económicos. Sin embargo podría llegar el día en que también lo hagan para morir. No como un acto desesperado, sino como una elección racional y libre frente al sufrimiento, en un tema aún tabú para los legisladores de este lado de los Andes.
Quizás en unos años, cuando en Buenos Aires todavía se discutan eufemismos, Santiago ya tenga protocolos, equipos médicos especializados y un registro de solicitudes. Y quizá ese futuro despierte la misma pregunta que en Europa: ¿por qué hay que cruzar una frontera para ejercer un derecho tan íntimo?
