Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Ley 5.827), la Suprema Corte debe tener siete miembros, desde el año 2020 que el organismo no cuenta con esa cantidad de miembros y varios sectores, sobre todo de la oposición, están pidiendo que se cubran esas sillas. Lo mismo que ocurrió el año pasado, pero naufragó como el Presupuesto.
Cerca de estos bloques opositores aseguran que “no es un capricho ni una extorsión, es devolver un marco institucional al principal estamento de Justicia que tienen los bonaerenses. No puede seguir funcionando de manera incompleta”, manifestaron.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof fue tajante y rechazó de plano cambiar cargos por leyes, aunque sus críticos aseguran que tampoco abrió instancias fuera de la discusión legislativa para poder normalizar el funcionamiento del máximo tribunal.
En casos de vacancia, licencia, recusación u otros impedimentos, la ley prevé un orden para convocar jueces externos (“conjueces”) para completar la integración. También es importante la Ley 4387, que regula el quórum: dispone que la Corte puede resolver con quórum de cuatro en algunos casos, y que si hay vacantes, debe haber al menos cinco para determinados temas.
SITUACIÓN ACTUAL: CORTE “INCOMPLETA”
La Suprema Corte bonaerense no está completa desde hace varios años. La última vez que el tribunal estuvo integrado con sus siete ministros fue antes de enero de 2020, cuando falleció Héctor Negri, uno de los jueces históricos y vicepresidente del cuerpo. Desde entonces comenzaron a acumularse vacantes que nunca fueron cubiertas, lo que abrió un período prolongado de funcionamiento parcial.
En 2021 se produjeron dos bajas decisivas: primero renunció Eduardo de Lázzari, quien dejó el cargo el 1 de marzo para jubilarse; y meses después presentó su renuncia Eduardo Pettigiani, efectiva el 31 de agosto del mismo año. Con esas salidas, la Corte quedó con apenas cuatro integrantes — Luis Genoud, Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres— y tres vacantes sin cubrir. A pesar de los intentos aislados, en ese período no hubo acuerdos políticos en el Senado para designar nuevos ministros.
El golpe final llegó en 2024, cuando el ministro Luis Genoud renunció para acogerse a la jubilación, con salida efectiva el 1° de junio. Desde entonces, el máximo tribunal bonaerense funciona solo con tres miembros: Hilda Kogan (Presidenta), Daniel Soria y Sergio Torres (Vice). Esta reducción obliga a recurrir con frecuencia a conjueces y mecanismos excepcionales para garantizar el quórum y sostener la actividad del tribunal, al tiempo que profundiza la necesidad de que se cubran las cuatro vacantes pendientes.
CONSECUENCIAS DEL BAJO NÚMERO DE MINISTROS
Tener solo tres de siete ministros no es un problema meramente simbólico: implica desafíos concretos para la toma de decisiones, el quórum y la legitimidad de las decisiones del tribunal.
Al estar lejos del número legal completo, la Corte debe recurrir a conjueces o jueces de otros tribunales para completar quórum, especialmente en los acuerdos mensuales y en los fallos importantes. Esto está previsto por ley.
También se han usado mecanismos de sorteo entre los miembros para formar quórum, como lo permite la normativa (por ejemplo para definir quiénes votan en cada mes).
Este esquema puede generar cuestionamientos sobre la legitimidad institucional o la capacidad real del tribunal para actuar como un máximo tribunal estable, ya que la integración reducida puede debilitar el carácter colegiado típico de una Corte Suprema.
Por Constitución provincial (art. 162), la presidencia de la Corte rota anualmente entre sus miembros.
PRESIONES Y DIMENSIONES POLÍTICAS
Las vacantes son un dato estructural: no se trata de una circunstancia temporal menor, sino de una situación persistente que afecta la gobernanza del tribunal. La negociación política para cubrir las vacantes está trabada: el nombramiento de los ministros requiere acuerdo de la Legislatura (Senado) según procedimientos constitucionales, y las fuerzas políticas no han alcanzado consenso.
El escenario actual de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires pone en evidencia un problema estructural: la desconexión entre la integración legal (siete ministros) y la realidad (solo tres). Esto no sólo afecta la operatividad cotidiana del tribunal, sino también su legitimidad institucional y el sistema de contrapesos judicial en la Provincia.
Mientras persistan las vacantes, la Corte dependerá de mecanismos legales provisionales (conjueces, quórum sorteado, acordadas) que, si bien están previstos por la ley, no reemplazan la estabilidad y la profundidad de una Corte completamente integrada.
