Las cuatro vacantes que restan cubrir en la Suprema Corte bonaerense suponen una excelente oportunidad para oxigenar al cuerpo de supremos con una nueva mayoría que pueda darle la autoridad y la lectura de los contextos de la que actualmente carece.
El efecto que causó en la justicia la doctrina Barrios, con una recomendación de aplicación prudente que fue completamente desobedecida por los jueces de grado en el fuero laboral, expuso las dificultades de la Suprema Corte por imponer su lógica, y generó fuertes críticas entre los sectores pymes que ven con preocupación un doble castigo que los deja al borde de la quiebra.
El fallo Barrios emitido en marzo de este año, que declaró inconstitucional la prohibición de indexar las indemnizaciones, es radicalmente opuesto a un fallo emitido por el mismo órgano en 2013, cuando declaró inconstitucional la ley 14.399 de la provincia de Buenos Aires que establecía una aplicación de la tasa activa para el cálculo de los intereses en juicios laborales.
Así las cosas, la Suprema Corte parece seguir la doctrina marxista. Marxista de Groucho: “éstos son mis principios, si no le gusta tengo otros”, es la cita que se le atribuye al célebre humorista y que bien podría aplicarse al máximo órgano judicial bonaerense.
No sólo eso. La aplicación de la doctrina Barrios quedó a contramano de lo que dictó recientemente la Corte Suprema de la Nación. Ante el caso Lacuadra -similar al caso Barrios- calificó de “arbitrario” y “desproporcionado” el mecanismo de actualización bajo coeficiente CER más un 6% anual de intereses y capitalización al momento de notificar la demanda que aplicaba hasta entonces la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y que se replicaba en los juzgados laborales bonaerenses.
La pronunciación de la CSJN dejó en evidencia la falta de contexto y firmeza con la que se aplicó el fallo Barrios. Indudablemente la Suprema Corte debió ser más imperativa para evitar que en los juzgados laborales terminen por aplicarse sistemas de intereses que lesionan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, cuyos ingresos se vieron notablemente afectados por la recesión económica.
Los otros poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, ven con preocupación cómo los sectores empresarios comenzaron a evitar la contratación ante la posibilidad de indemnizaciones futuras que, como ocurre en algunos casos, dupliquen su facturación mensual. Un proyecto tendiente a legislar sobre la indexación de indemnizaciones quedó frenado en la Legislatura ante la observación de las consecuencias del fallo Barrios.
En cambio, prestaron el oído para las cámaras empresariales pymes quienes señalaron la necesidad de tasas más blandas y facilidades de pago a la hora de afrontar las indemnizaciones por despido, para poder sostener su actividad y volver a contratar empleados tan pronto mejoren los indicadores económicos.
Los mismos poderes ejecutivo y legislativo que tienen en su mano la responsabilidad de enviar y evaluar los pliegos para cubrir las cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense. En la nueva mayoría hay una esperanza de fortalecer al cuerpo de magistrados, dotar de firmeza los fallos y darle una nueva óptica al análisis de los contextos al momento de emitir los fallos, para que su aplicación sea la deseada.
