María Eugenia Vidal asumió el gobierno de la Provincia 30 meses atrás con promesas de transparencia y eficiencia, embanderada en la lucha contra las mafias. Sin embargo, transcurridas dos terceras partes de su mandato, esos augurios se diluyen en una realidad distinta: un Tribunal de Cuentas sin quórum, juzgados Contenciosos acéfalos y una Oficina Anticorrupción que no termina de arrancar.
La última novedad tiene que ver con el Tribunal de Cuentas. Vidal asumió con una estructura conformada por un presidente y cuatro vocales que se repartían el trabajo de auditar las cuentas de la Administración Central, Reparticiones Autárquicas, Entes Especiales y Municipios.
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A poco de asumir Vidal, falleció la vocal Cecilia Fernández, cruzada por denuncias en torno al supuesto faltante de información de las cuentas de Daniel Scioli. Al deceso de Fernández le siguió la renuncia de Héctor Giecco, que se jubiló, y hace apenas una semana la de Gustavo Fernández, que le siguió los pasos. Permanecen en sus cargos únicamente el presidente del HTC, Eduardo Grinberg, y el vocal Miguel Teilletchea.
El problema es que con sólo dos de sus cinco miembros, el tribunal no reúne quórum para sesionar y no puede emitir fallos, con lo cual las decisiones que toma se vuelven no vinculantes. Esto reduce su carácter al de una especie de asesoría ruidosa.
El Gobierno conocía desde el 31 de diciembre que a Fernández le quedaban unos meses en el cargo, pero nunca trabajó en conseguir un reemplazo, como tampoco lo había hecho ante el deceso de Cecilia Fernández y ante la renuncia de Giecco. ¿Por qué? Las malas lenguas dicen que se “guardó” algunas cartas para negociar leyes y acuerdos “clave” con la oposición. Lo polémico es que lo haga a expensas de la transparencia.
Desde el propio Gobierno reconocen hoy que sólo les interesa cubrir una de las vacantes que se abrieron. La señalada sería María Fernanda Inza, mujer de extrema confianza de Vidal que hoy se desempeña en la Secretaría Legal y Técnica. Si prosperara ese nombramiento, que requiere acuerdo Legislativo, se produciría otro quiebre en la tradición bonaerense, ya que el HTC siempre estuvo en manos de “la oposición” al Ejecutivo de turno.
Un condimento “extra” agrava la situación: hay quienes aseguran que Fernández se fue del Tribunal sin que se hubieran “fallado” las cuentas de la Administración Central, es decir de la propia Vidal y de sus ministros. Si bien la voz oficial aseguró que no quedaron tareas pendientes, INFOCIELO recogió de dos fuentes calificadas la versión opuesta.
El procurador general Julio Conte Grand junto al presidente del HTC, Eduardo Grinberg.
Hay un detalle que no conviene pasar por alto: la relación de María Eugenia Vidal con Eduardo Grinberg atravesó distintos momentos. El Gobierno siempre le atribuyó pasividad y hasta complicidad con lo que se consideró el “desmadre” del sciolismo, y la primera vez que el Tribunal auditó las cuentas de Cambiemos la cosa se puso peor.
“Para congraciarse, Grinberg le ofreció un ‘pre-dictamen’ a Vidal para que estuviera al tanto de las objeciones que había, que eran muchas y muy similares a las que se le hicieron al último año de Scioli, donde los fallos fueron lapidarios”, relató una fuente con acceso al HTC. La Gobernadora decodificó el gesto de buena voluntad en clave de “apriete” y le hizo saber a Grinberg que es menos que prescindible. El final de esas “negociaciones”, que no están contempladas por ninguna ley, todavía no se conoce.
La justicia tampoco puede
La otra pata del “control” de la gestión, esta vez desde el Poder Judicial, tiene que ver con los juzgados del fuero Contencioso Administrativo. Ahí, el Gobierno optó por dejar “vacantes” que se cubren mediante subrogancias polémicas. Esa decisión, combinada con la guerra que le plantearon diputados y senadores de Cambiemos a algunos jueces como Luis Arias, que suelen emitir fallos que no gustan en calle 6, crean un escenario complejo.
Arias es el titular del Contencioso Administrativo 1, pero está suspendido desde noviembre de 2017 hasta tanto se defina su futuro en un juicio político bastante debatido. Pero el 2 también está acéfalo desde la renuncia de Ana Logar, acaecida en marzo de 2014. María Ventura Martínez, titular del 4, subroga el 2. En tanto que Francisco Terrier se hace cargo temporalmente del de Arias. Es decir que el fuero funciona al 50 por ciento de su capacidad.
¿La oficina de qué?
La tercera, aunque más decorativa, tiene que ver con la Oficina Anticorrupción –en rigor Oficina de Fortalecimiento Institucional-, creada por la propia Vidal en abril de 2017. El organismo está a cargo de Luis María Ferrella y funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con lo cual no tiene autonomía presupuestaria.
Desde el arco opositor cuestionaron desde un lanzamiento esta Oficina, dado que afirman que “lo maneja el propio Ejecutivo”. En ese sentido, los distintos espacios pidieron crear un “el organismo que marca la Constitución”, que sería el Tribunal Social de Responsabilidad Política, con el objetivo de examinar los actos de corrupción de todos los poderes del Estado. “Crearon una nueva estructura que genera gastos extras a la Provincia y que termina siendo como la Oficina Anticorrupción de la Nación que no funciona”, deslizaron.
No sólo los que tienen juego político partidario objetan las decisiones de Vidal. Julián Portela, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de La Plata, también se mostró muy crítico con respecto al funcionamiento de la OFI y reclamó “una revisión integral” de los sistemas contralor. “Este Gobierno llega al poder provincial con la bandera del control a la corrupción pero hasta ahora no ha tomado grandes medidas ni hemos visto grandes avances”, analizó ante la consulta de INFOCIELO. “Espero que no sea una bandera usada en vano”, agregó.
“Ha creado a nivel de decreto una Oficina de Fortalecimiento Institucional, que en su momento yo he cuestionado, aunque todo lo que se haga en el sentido de combatir la corrupción bienvenido sea. Pero esta Oficina ya lleva más de un año y no conocemos ningún resultado de su gestión”, recordó.
“La persona designada fue a dedo y bajo la órbita de un Ministerio, así que no puede controlar mucho. Además fue elegida por decreto y no por ley. Es decir, sin participación de la oposición. Por eso hay formar una agencia control independiente. La lucha anticorrupción tiene que ser un plan de consenso y después que cada fuerza política se haga cargo sino colabora”, agregó
Portela también cuestionó la “sobrecarga de tareas” que tiene los dos magistrados del fuero Contencioso Administrativo que han quedado en actividad. “Necesitamos que este fuero funcione. Además, el 80% de sus actuaciones son en temas impositivos, algo que no le corresponde por ley y debería resolverse para aliviarlos y que controlen principalmente al Estado. Lo que pasa que es molesto para los políticos de turno, es como una mosca”, completó. “Pero tiene que saber que cuanto más control más legítimo se hace el sistema para la sociedad.
Los fiscales, menos
Aunque sucedió en diciembre de 2016, el primer movimiento polémico de Vidal con respecto a la independencia de poderes fue la postulación de Julio Conte Grand como Procurador, algo que consiguió sin despeinarse ya que estaba en la cresta de la ola de su popularidad. No fueron pocos los opositores que cuestionaron la decisión de otorgarle la jefatura de los fiscales al abogado de más confianza de la Gobernadora y quien hasta ese momento era parte del ejecutivo como Secretario de Legal y Técnica.
Fue el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) quien había, justamente, planteado esa preocupación porque ocupaba desde hacía un año “un lugar de altísima responsabilidad política y funcional” en la Gobernación. “El Procurador, en su carácter de Jefe de Fiscales y Defensores Oficiales, es parte del Poder Judicial y debe gozar de la autonomía e independencia que le otorga la Constitución. Y tales circunstancias no se verifican en el caso del postulante Conte Grand”. Otra voz minoritaria que se alzó en ese sentido había sido la de la dirigente de izquierda Vilma Ripoll.
A ese escenario se suma la falta de actualización de los datos de la Ejecución Presupuestaria, imprescindible para medir la eficiencia del Gobierno a la hora de cumplir con sus propias metas de gestión, y de la evolución de la deuda pública, que se volvió una preocupación más cierta desde las últimas devaluaciones del peso. Esos dos datos clave, viene informando este portal, llevan 9 meses sin actualizarse.
La consecuencia más palpable de esta ceguera informativa es la imposibilidad para la oposición de auditar la economía. Con lo cual se configura un escenario en el que el Poder Ejecutivo no quiere, el Poder Legislativo no puede y el Poder Judicial no tiene con qué. Ni Daniel Scioli se atrevió a tanto.
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