El debate sobre la forma en que el Ejecutivo nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad escaló hasta el Congreso de la Nación, donde se acumulan proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La iniciativa se ampara en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que contempla la posibilidad de una moción de censura que podría derivar en la destitución del funcionario.
La controversia se centra en el Decreto 681/2025, que según la oposición establece pasos adicionales que condicionan la vigencia de la ley, obligando al Congreso a determinar las fuentes de financiamiento para su implementación. Para los legisladores, al no existir un presupuesto específico, la responsabilidad de garantizar el cumplimiento recae directamente sobre Francos. En sus declaraciones, el jefe de Gabinete se mostró dispuesto a concurrir al Congreso: “Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”.
La oposición cuestiona además el manejo de fondos del Ejecutivo. “Tenemos que usar una herramienta excepcional porque el Gobierno incumple con una ley. El 70% de los diputados y senadores le instruye al Ejecutivo que cumpla con una ley y el Gobierno no acepta el juego democrático e incumple con la ley”, afirmó el diputado Oscar Agost Carreño. Por su parte, el legislador Germán Martínez señaló que el Ejecutivo argumenta falta de recursos para discapacidad mientras mantiene otros beneficios fiscales.
Hasta ahora no existen antecedentes en la Argentina de mociones de censura desde la reforma constitucional de 1994. El mecanismo, incorporado como control especial del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, requiere mayoría absoluta en ambas cámaras para tener efecto: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. De aprobarse, permitiría la remoción de Francos, pero no impediría que el Presidente Javier Milei lo vuelva a designar en el cargo.
Desde Casa Rosada mantienen la calma y aseguran que Francos cuenta con el respaldo pleno del Gabinete y del propio Presidente. Según fuentes oficiales, “si se lo piden y quieren que siga, Guillermo será otra vez nombrado”. El jefe de Gabinete, por su parte, remarcó que actúa conforme a la Ley de Administración Financiera (24.156) y a la Ley 24.629 sobre ejecución del presupuesto, que exigen que toda asignación de gasto indique las fuentes de financiamiento correspondientes, caso contrario su ejecución queda suspendida.
El futuro de la moción depende de cómo se muevan los bloques legislativos en las próximas semanas. Mientras la oposición suma proyectos y firmas, el Gobierno analiza escenarios alternativos, convencido de que la remoción de Francos podría concretarse, pero sin que ello signifique un cambio en la política oficial. La discusión marca un punto de tensión entre Ejecutivo y Congreso, y plantea un antecedente histórico sobre el alcance del control legislativo en la gestión de los ministros.
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