El juez federal Luis Armella dispuso este lunes la prohibición de salida del país para el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, popularmente conocido como el “Yategate”.
La medida se conoció tras nuevos avances en la investigación judicial reactivada por la difusión de videos que complican al exjefe de Gabinete bonaerense.
Además de la prohibición de egreso del país, el magistrado impuso a los imputados la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización previa.
También deberán informar al tribunal cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su residencia por más de 24 horas.
Medidas restrictivas y alcance de la decisión
La resolución de Armella alcanzó no solo a los principales imputados, sino también a los hijos del exfuncionario, Luciano y Rodrigo Insaurralde, y a allegados como Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío. La medida fue notificada a la Dirección Nacional de Migraciones para garantizar su cumplimiento.
Según la resolución, el objetivo es asegurar la comparecencia de los involucrados en un expediente que, tras tres años de trámite, volvió a tomar impulso luego de la aparición pública de imágenes donde se observaban fajos de dólares en un vestidor de una vivienda en San Vicente.
En paralelo, el fiscal federal Sergio Mola había solicitado la detención de Martín Insaurralde, al considerar la existencia de riesgo procesal y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.
El planteo fue rechazado en esta instancia por el juez Armella, quien optó por medidas menos gravosas. La fiscalía había sostenido que la difusión de los videos constituía un elemento que reforzaba el peligro de fuga o de obstaculización de la causa.
Una causa reactivada tras los videos
La investigación se reactivó con fuerza tras la circulación de material audiovisual grabado en 2023 por Jésica Cirio, en el que se observaban importantes sumas de dinero en un inmueble vinculado al ex funcionario en un barrio privado de San Vicente.
A partir de ese material, la Justicia ordenó una serie de medidas como allanamientos, pericias sobre dispositivos electrónicos y la recolección de documentación patrimonial.
El expediente, iniciado hace tres años, pasó a concentrarse en un análisis patrimonial de largo alcance que complejizó su avance.
