Mariano Ferreyra tenía 23 años, era estudiante de Historia, dirigente de la Federación Universitaria Buenos Aires (FUBA) y tornero cuando el del 20 de octubre de 2010 salió a protestar junto a sus compañeros contra la precarización y un entramado corrupto a manos de la Unión Ferroviaria que respondía al ya fallecido líder sindical, José Pedraza. Ese mediodía la frontera entre el sur porteño y el conurbano se fracturó a balazos. Entre las calles Luján y Limay, a solo unos pasos de los rieles gastados del Ferrocarril Roca, el estudiante universitario cayó desplomado con un proyectil alojado en el tórax. A su lado, la trabajadora Elsa Rodríguez se desplomaba con un impacto en la cabeza que la dejaría al borde de la muerte. Lo que ocurrió en esos segundos fue la ejecución fría de una emboscada planificada.

Tras el crimen de Ferreyra, se descubrió una oscura trama a manos del sindicato, en el cual tanto los sueldos como las cargas sociales de los empleados contratados se abonaban con dinero aportado por la Secretaria de Transporte de ese entonces. Allí, la cooperativa que manejaba Pedraza le cobraba un canon fijo por cada trabajador declarado.

De esa forma, según pudo establecerse en la investigación judicial, entre junio y diciembre de 2010, la cooperativa en cuestión pudo recaudar un aproximado de 10 millones de pesos.

La trampa de humo y acero

La mañana había comenzado con el reclamo desesperado de decenas de trabajadores precarizados que exigían pasar a planta permanente. Subcontratados por cooperativas mientras realizaban las mismas tareas que el personal de convenio, habían decidido marchar hacia las vías en la zona de Avellaneda.

Pero la traza ya estaba blindada. Sobre el terraplén se recortaba una guardia de infantería gremial, escoltada a la distancia por un cordón de la Policía Federal. Ante la imposibilidad de avanzar y para evitar un choque, la columna de manifestantes y jóvenes estudiantes decidió emprender una retirada pacífica por la calle Pedro de Luján.

La policía replegó insólitamente sus efectivos, dejando la zona liberada. De las sombras de las vías emergió el grupo de choque de la Unión Ferroviaria, encabezada por Cristian Favale, un barrabrava de Defensa y Justicia que había sido incorporado por Pedraza. Persiguieron a los manifestantes que ya se marchaban, los acorralaron y, al llegar a la esquina de Limay, apretaron el gatillo a quemarropa.

Lo que primero habían sido piedrazos, se transformaron en balas y Mariano recibió un disparo que le impidió llegar con vida al hospital. A su vez, resultaron gravemente heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

El negocio del silencio

Durante dos décadas, la cúpula de la Unión Ferroviaria había montado un aceitado esquema de subcontratación a través de entidades como la Cooperativa Unión del Mercosur. Los propios dirigentes sindicales operaban en la práctica como empresarios contratistas, multiplicando ganancias millonarias a costa de bajos salarios y la abolición de derechos laborales básicos.

En una Argentina sacudida por la tensión política — siete días después sucedió el fallecimiento de Néstor Kirchner—, el crimen de Barracas expuso las vísceras del modelo de tercerización y la impunidad con la que operaban bajo una lógica de burocracia que miraba para otro lado frente a la violencia paraestatal y el enriquecimiento de dirigentes sindicales.

La investigación judicial desarmó la trama hasta llegar a la cima de la pirámide, el ataque no había sido un exceso individual, sino una orden emanada desde los despachos del poder gremial.

En abril de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 21 dictó un fallo histórico, José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria, y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, fueron condenados a 15 años de prisión como instigadores del homicidio. Los autores materiales —entre ellos Gabriel “Payaso” Sánchez y Cristian Favale— recibieron penas de prisión efectiva y Comisarios y jefes de la Policía Federal fueron condenados por abandono de persona y complicidad al liberar el territorio.