En medio de la investigación judicial por una organización acusada de reclutar argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto para reformar el Código Penal con el objetivo de tipificar el mercenarismo y sancionar la creación, organización y financiamiento de ejércitos privados.
La iniciativa, impulsada por el legislador del Frente Renovador, apunta a cubrir un vacío legal frente a las nuevas modalidades de reclutamiento y operación de estructuras armadas transnacionales. El proyecto define como mercenario a quien, a cambio de una remuneración, preste servicios de naturaleza militar fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o la legislación argentina, y establece penas tanto para quienes participen de estas actividades como para quienes las organicen, financien o integren.
Un proyecto en un contexto de investigación judicial
La propuesta fue presentada mientras la Justicia Federal avanza en una causa que investiga una presunta red dedicada a captar ciudadanos argentinos, entre ellos exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad, mediante falsas ofertas laborales para enviarlos a combatir en el conflicto entre Ucrania y Rusia.
En ese expediente, que llevan adelante la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), días atrás fue detenida una mujer acusada de integrar la organización, mientras que otro de los presuntos responsables permanece prófugo tras abandonar el país con destino a Brasil.
Según la investigación, los reclutadores ofrecían contratos por períodos de entre seis meses y tres años con salarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales. Las víctimas eran captadas a través de redes sociales y recibían instrucciones para ocultar el verdadero motivo de su viaje ante las autoridades migratorias, asegurando que viajarían para desempeñarse en tareas de construcción.
Qué propone la reforma
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la reforma busca preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger bienes jurídicos como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Además de penalizar el mercenarismo, la iniciativa agrava las penas cuando las organizaciones armadas privadas afecten la defensa nacional, utilicen menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.
Al mismo tiempo, el texto deja expresamente excluidas a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales que actúen en funciones oficiales, las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las empresas de seguridad privada habilitadas por la legislación vigente y el personal humanitario y sanitario.
La iniciativa también recoge advertencias formuladas por organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que en los últimos años alertaron sobre la expansión de estas estructuras y la necesidad de que los Estados adopten marcos regulatorios específicos para enfrentar este fenómeno.
