La decisión de una histórica cooperativa encendió señales de alerta en una de las principales ciudades del centro bonaerense. Coopelectric, la entidad que presta servicios esenciales en Olavarría, anunció que iniciará el proceso de devolución al municipio de la concesión de agua y cloacas, al advertir que el esquema tarifario vigente “no cubre los costos” y genera pérdidas de hasta “250 millones de pesos mensuales”.
El anuncio fue realizado este lunes en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la cooperativa, Ignacio Aramburu, junto a las autoridades del Consejo de Administración, quienes apuntaron directamente al Concejo Deliberante por sostener durante años tarifas que calificaron como “políticas” y alejadas de la realidad económica.
Sin embargo, fuentes cercanas a la gestión del intendente Maximiliano Wesner se mostraron sorprendidas por la decisión y no descartan que se trata de una forma de “presión” para renegociar tarifas, ya que durante la misma jornada también presentaron un pedido de aumento.
“Con pesar tengo que informar que, en el día de la fecha, el Consejo de Administración tomó la decisión de no prestar más el servicio de Obras Sanitarias”, indicó Aramburu en el arranque de la rueda de prensa.
Coopelectric no es una empresa más dentro del entramado institucional de Olavarría. Se trata de una cooperativa de capital social que controla servicios estratégicos como la energía eléctrica, el agua y las obras sanitarias, además de telefonía, internet y servicios sociales, en una ciudad que supera ampliamente los 100 mil habitantes y funciona como polo regional del centro bonaerense.
Además, durante buena parte de los últimos 25 años se transformó en un actor político relevante, con llegada a distintas gestiones municipales e incluso con representantes propios en el Concejo Deliberante.
Desde la entidad recordaron que la concesión del servicio de agua y cloacas comenzó en 1997 y que, durante los primeros años, permitió una expansión significativa de la infraestructura sanitaria, con ampliaciones en la planta cloacal, obras troncales y mejoras en la red de agua potable que garantizaron presión y calidad del servicio.
De un “modelo exitoso” al “déficit estructural”: la cronología del servicio según Coopelectric
Según explicaron las autoridades, el servicio funcionó de manera equilibrada mientras existió estabilidad económica en los años 90′ y un esquema tarifario que acompañaba los costos. La implementación de la micromedición, por ejemplo, permitió reducir el consumo promedio diario de 600 a 150 litros por usuario.
El problema comenzó a profundizarse con el retorno de la inflación, de acuerdo con el análisis de la conducción de la cooperativa. Desde principios de los años 2000, y con mayor intensidad desde 2017, las tarifas comenzaron a quedar rezagadas. Los aumentos —cuando se otorgaron— fueron parciales, demorados y por debajo de lo solicitado por la entidad, lo que derivó en un “deterioro progresivo” del servicio, reseñaron desde Coopelectric.
Los representantes de la entiddad señalaron que el valor actual que pagan los usuarios por agua y cloacas apenas alcanza para cubrir los salarios de los 30 trabajadores del área y el consumo eléctrico de los pozos de bombeo. No existe margen, según indicaron, para tareas de mantenimiento, renovación de cañerías ni inversiones de largo plazo.
Para graficar la situación, compararon el valor mensual promedio del servicio con gastos cotidianos: “equivale a dos atados de cigarrillos o seis botellas de agua mineral”, en referencia a una tarifa residencial promedio de 10.500 pesos. En contrapartida, remarcaron que un servicio de desagote con camión atmosférico puede costar entre 40 y 60 mil pesos.
Pérdidas millonarias y ¿un punto de no retorno?
Los números presentados por la cooperativa reflejan un déficit de entre 200 y 250 millones de pesos mensuales, lo que equivale a unos 10 millones por día o 400 mil pesos por hora, según sus estimaciones. “Mientras dura esta conferencia, la cooperativa sigue perdiendo dinero”, afirmaron.
En ese marco, la conducción aseguró que la decisión no responde a una disputa política sino a una necesidad económica. “No es una decisión política, es una decisión empresarial”, insistieron, al advertir que sostener el servicio en estas condiciones pone en riesgo la continuidad de la entidad.
Pese al impacto del anuncio, desde Coopelectric buscaron llevar tranquilidad a los usuarios y aclararon que no habrá interrupciones. Al tratarse de un servicio público esencial, la cooperativa continuará prestándolo mientras se cumpla el procedimiento administrativo de devolución previsto en el contrato, que estimaron, como mínimo, hasta después del verano.
Aun así, no cerraron del todo la puerta a un entendimiento final. “Nosotros cualquier cosa que sea para bien de la cooperativa, de los socios y de los vecinos, por supuesto que la vamos a analizar”, deslizaron.
Fuentes ligadas al municipio y a la política local interpretan que podría tratarse de una maniobra “de presión y que el anuncio se inscribe en un conflicto más amplio con la actual gestión municipal.
En ese sentido, adelantaron a Infocielo que casi en forma simultánea y en la jornada de hoy ingresaron dos notas al Municipio de parte de la Cooperativa: una para solicitar una suba del 107% en la tarifa de agua y otra informando la devolución de la concesión: “Es cómo mínimo raro” consideraron.
En el plano laboral, el servicio de obras sanitarias emplea actualmente a 32 trabajadores. Desde la cooperativa señalaron que deberán mantenerse sus derechos laborales y convencionales y que, en caso de que el Municipio asuma la prestación, debería absorber al personal bajo las mismas condiciones.
“Se entiende que el Municipio, si es que se va a hacer cargo del servicio, tendría que tomarlos a todos. Creo que se les tienen que respetar sus derechos convencionales; la gran mayoría está agrupada en un sindicato que es SOSBA”, indicó Aramburu.
En cambio desde la gestión municipal consideran que ese esquema corresponde solo en caso que el municipio opte por municipalizar el servicio y no tiene alcance para las indemnizaciones que corresponden al actual empleador.
Un conflicto político que excede el agua
El anuncio se inscribe en un contexto institucional complejo entre Coopelectric y el Municipio de Olavarría. Meses atrás, el Ejecutivo local comunicó que el contrato de concesión del servicio eléctrico vencería en octubre de 2025, postura que fue rechazada por la cooperativa, que sostiene que los plazos continúan vigentes por prórrogas otorgadas por la Provincia y por pedidos formales realizados en 2021.
Tras la sanción del Presupuesto 2026, el Concejo Deliberante aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial para el seguimiento de la concesión y la prestación del servicio de energía eléctrica, a partir de una nota presentada por las autoridades de la entidad para conocer el estado contractual.
La crisis de obras sanitarias forma parte de un cuadro financiero más amplio, aunque constituye el principal foco de déficit que obligó a la cooperativa a cubrir pérdidas con ingresos de otros servicios. Se estima que Coopelectric arrastra una deuda superior a los 47 mil millones de pesos y enfrenta un embargo de cuentas por 3.400 millones de pesos por parte de Cammesa, la empresa mayorista que le vende la energía eléctrica.
Si bien en julio la cooperativa firmó un acuerdo que permitió regularizar deudas históricas y reducir el pasivo acumulado, aseguran que los ingresos actuales siguen siendo insuficientes para afrontar las obligaciones corrientes, debido al atraso tarifario tanto en agua como en energía.
Desde la conducción insistieron en que el problema no radica en la administración ni en los salarios gerenciales o del Consejo de Administración, una crítica que habitualmente hacen los socios y usuarios de la comunidad que cuestionan no solo la calidad del servicio, sino la falta de “transparencia” de las finanzas y la realización de elecciones (la Junta Electoral impidió la presentación de listas opositoras por falta de avales).
Es que hablar de Coopelectric en Olavarría es mencionar a una de las cooperativas de capital social que controla varios de los servicios estratégicos de la ciudad. Desde mediados de los años 90 es conducida por la denominada “Lista Amarilla”, un espacio político referenciado en el exdiputado provincial Mario Cura.
Además de la energía eléctrica, la entidad controla el servicio de agua y obras sanitarias, los servicios sociales de inhumación, sepelio y cremación, brinda telefonía e internet y cuenta con un Centro de Estudios Universitarios para cursadas a distancia.
A lo largo de su recorrido, el denominado curismo supo tejer acuerdos con distintos sectores políticos. En los últimos años, el Peronismo Republicano que lidera Cura fue uno de los socios del intendente Ezequiel Galli en el Concejo Deliberante, con las bancas que ocuparon Nicolás Marinangeli y Miriam Mosescu hasta 2023.
Incluso en la mesa de la conferencia de prensa estuvo sentado el exconcejal Carlos Coscia, uno de los dirigentes cercanos al exintendente Galli.
Desde la oposición, sectores del kirchnerismo y hasta los actuales referentes de La Libertad Avanza denunciaron en distintas oportunidades la existencia de un “pacto político” entre la cooperativa y el PRO. Aunque se mantuvo una buena relación institucional con la actual gestión el vínculo no estuvo ajeno a múltiples tensiones.
