Por medio de un comunicado, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) decidió declararse en sesión permanente por la restricción presupuestaria que vienen denunciando ante el Gobierno desde comienzo de año y que no tuvo respuestas.
Según plantean, el presupuesto aprobado a la Universidad sólo llega a cubrir el pago de sueldos y gastos básicos de funcionamiento hasta poco más de los primeros meses del año. Es decir que a partir de noviembre los salarios no están asegurados y el funcionamiento académico podría sufrir una crisis importante.
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Es por esta grave situación que alertan a la comunidad universitaria porque sostienen que “la dinámica del segundo cuatrimestre puede verse seriamente afectada”. Convocan a unificar esfuerzos para garantizar la normal actividad de la Universidad.
Planes sociales y pensiones: la advertencia que llega desde el Norte
El reclamo del gobernador de Salta por la suspensión de pensiones y la reasignación de planes sociales a extranjeros abre un debate que también atraviesa a la Provincia de Buenos Aires, donde miles de beneficiarios quedaron alcanzados por las medidas nacionales.
De esta manera, la UNAJ se suma al reclamo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que días atrás denunció al Gobierno por adeudar 200 millones de pesos y 4 mil millones a todo el sistema universitario.
La casa de estudios, uno de las principales instituciones que forman ingenieros en el país y con varias sedes en la Provincia de Buenos Aires, denunció además que esta maniobra se trata de una “Subejecución de fondos”, lo que desemboca en un “ahogo presupuestario” para la Universidad.
“Esta deuda le imposibilita a las casas de estudio poder pagar gastos de funcionamiento, obra de infraestructura adeudadas, servicios públicos como gas, agua, internet y electricidad, e inclusive para pagar becas estudiantiles y de investigación”, detallaron preocupados.
Y esto se veía venir, porque en marzo, al inicio del ciclo académico, el Ministerio de Educación confirmó una reasignación de fondos en detrimento de las universidades públicas y también anunció la suspensión de obras de infraestructura.
El recorte anunciado era de tres mil millones de pesos en el presupuesto del sector, número mucho menor al que denuncian las universidades. Lo grave de la situación es que alrededor del 90% del presupuesto de las universidades es salario, por lo que el ajuste afecta el funcionamiento, becas estudiantiles, comedores, programas especiales.
Respecto al congelamiento de los avances en infraestructura, la UTN volvió a reclamar por los desembolsos previstos en la “Ley de Presupuesto N° 27.431 y dar continuidad al Plan de Infraestructura Universitaria a los efectos de completar y dar inicio a las obras necesarias para el funcionamiento de las Casas de Estudio”.
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