Una de las razones por la cuales muchas de las empresas que brindan un servicio de comunicación, no se rigen bajo ningún parámetro para poder aumentar una tarifa o bien responder positivamente hacia los reclamos de sus usuarios, se debe a que las disposiciones que impone el Estado o algunos de sus entes, se violan lisa y llanamente.
El Defensor Adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, explicó que según su experiencia, muchas veces las empresas de comunicación –sobre todo aquellas vinculadas a la telefonía e internet- recurren a la justicia y desoyen las medidas que establecen los organismos que controlan este tipo de servicios, como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
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“El defensor del Pueblo de la Nación hace 12 años que no se elige. Es una deuda que tenemos como sociedad”, consideró Martello, en diálogo con LADO P.
“Si nosotros tuviéremos un funcionamiento en donde las empresas acatan la resolución de los entes, todo funcionaría mejor. Pero siempre se ocurre a las instancias judiciales. Los tiempos de la justicia no nos sirven cuando hablamos un servicio esencial”, agregó después el defensor adjunto del Pueblo.
Martello coincidió con la necesidad de impulsar mayores herramientas y leyes para que de una vez por todas, las empresas como Fibertel, Movistar y otras, puedan respetar las medidas que apuntan a favorecer a sus usuarios. Históricamente en disconformes con las tarifas y el trato.
“Hay que buscar alguna manera que apunte a obligarlos”, dijo Martello., quien ejemplificó que en La Plata y otras ciudades del Conurbano, hay casos en donde las empresas no responden a los reclamos por “cuatro, cinco y hasta seis meses”. Incluso, en momentos en donde los usuarios se quedan sin servicio de internet.
Una de las razones es que algunas de ellas –como Movistar- se encuentran “en retirada” de algunos lugares y dejan a la deriva a sus clientes. Según los registros que tiene la Defensoría del Pueblo de la provincia, esa empresa (Movistar) encabeza el ranking de mal servicio.
A pesar de esta realidad, recientemente la justicia federal admitió un recurso de apelación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar a su favor, que determinó la suspensión de algunos de los principales artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había firmado el presidente Alberto Fernández, que declaraba a las telecomunicaciones como “servicio público esencial” por seis meses, para evitar nuevos aumentos durante la pandemia.
Según el vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, de esta forma “Clarín va a poder cobrar lo que quiera”. “Los jueces han dispuesto que el cliente de Telecom pague lo que la empresa quiera y todos los demás clientes lo que el Estado regule”, explicó López en declaraciones radiales.
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