La locutora y periodista Marcela Feudale encendió un intenso debate en redes sociales al denunciar la flagrante contradicción entre el Decreto 1084/2024, que prohíbe la propaganda política en edificios públicos, y el mensaje partidario que aparece en la aplicación oficial “Mi Argentina“.
Feudale publicó una captura de pantalla que mostraba un texto propagandístico a favor del gobierno de Javier Milei, evidenciando cómo una herramienta estatal, diseñada para servicios ciudadanos, se utiliza como plataforma de promoción política.
Este doble estándar pone en jaque la coherencia del discurso oficial, dejando al descubierto un claro caso de “haz lo que digo, pero no lo que hago”.
LA PROPAGANDA “POPULISTA”
El mensaje que aparece al abrir la app dice:
“Primer año de gestión: Reordenamos las cuentas, pulverizamos la inflación, quitamos privilegios, eliminamos normas inútiles y recuperamos la confianza en nuestro país. Conocé todo lo que se hizo en argentina.gob.ar/bitacora.”
Si se presiona el enlace, se despliega un texto que enaltece las medidas del presidente Milei, presentándolo como un líder reformista que “puso en marcha un plan de estabilización económica basado en el superávit fiscal y la emisión monetaria cero”.
Este tipo de contenido político en una aplicación oficial resulta paradójico frente al mencionado decreto, que establece la prohibición de propaganda partidaria en edificios públicos nacionales y limita el uso de recursos estatales para fines políticos.
Aunque “Mi Argentina” no es un edificio físico, su función como una herramienta estatal con valor legal podría encuadrarla como un “espacio público virtual”, lo que refuerza la contradicción que expuso Feudale.
Tras publicar esta observación, la periodista fue atacada ferozmente en redes sociales por usuarios identificados con posturas libertarias, quienes la calificaron de “kuka”, un término despectivo hacia los simpatizantes del kirchnerismo.
Sin embargo, Feudale no buscó respaldar ninguna ideología, sino simplemente señalar la incoherencia del gobierno, que incumple las normas que él mismo promueve.
El episodio pone de manifiesto una contradicción flagrante en la gestión actual, que utiliza herramientas públicas diseñadas para el servicio ciudadano como un vehículo de propaganda política, al mejor estilo populista, que luego dice combatir.
Mientras el decreto busca limitar la influencia partidaria en espacios estatales, la realidad demuestra una práctica completamente opuesta, dejando a la vista una nueva inconsistencia en el accionar del gobierno de Javier Milei.
