La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, puso el foco en uno de los cambios que introduce el nuevo borrador de la Ley de Tierras Rurales y advirtió por la eliminación del límite departamental para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
“Nos quieren vender que cedieron. Es una trampa”, planteó la funcionaria, en referencia al nuevo esquema que eleva del 15% al 25% el tope de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras dentro de cada provincia, pero elimina restricciones que actualmente también se aplican a escala departamental.
Para Vilar, ese cambio es central porque el porcentaje provincial no necesariamente refleja cómo puede concentrarse la propiedad en determinados territorios. “El departamental es el que importa”, remarcó, al señalar que es en esas jurisdicciones donde se encuentran concentrados recursos estratégicos como el agua, el litio, los glaciares y grandes extensiones de tierra productiva.
El límite que desaparece
La normativa vigente establece un límite del 15% para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros en tres escalas: nacional, provincial y departamental.
El nuevo proyecto conserva un techo, pero modifica la forma en que se aplica. El límite pasa al 25% del territorio de cada provincia, mientras se eliminan las restricciones que operaban sobre departamentos y municipios.
La diferencia puede ser significativa. Una provincia puede estar lejos de alcanzar el 25% de tierras en manos extranjeras y, al mismo tiempo, tener una concentración mucho mayor en determinados departamentos
Ese es precisamente el riesgo que advierte Vilar. Si el límite se calcula únicamente sobre la superficie total de una provincia, la adquisición de grandes extensiones dentro de una zona específica puede avanzar sin que el porcentaje provincial llegue al máximo permitido.
El planteo adquiere especial relevancia cuando se trata de territorios donde los recursos naturales no están distribuidos de manera uniforme.
El ejemplo de Neuquén
Para explicar el alcance de su advertencia, Vilar puso como ejemplo al departamento Los Lagos, en Neuquén.
Según señaló, Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso representan apenas el 4,5% de la superficie de esa provincia, pero se encuentran prácticamente dentro de ese departamento.
Con un límite que opere solamente a nivel provincial, sostuvo, una fuerte concentración de tierras extranjeras en esa zona podría producirse sin acercarse siquiera al 25% del territorio total neuquino.
La situación permite visualizar el problema que plantea la funcionaria: el porcentaje provincial puede funcionar como un límite general, pero no necesariamente evita que una determinada región quede fuertemente concentrada en manos extranjeras.
La discusión adquiere todavía mayor importancia cuando se trata de áreas donde se concentran recursos estratégicos.
El foco sobre el litio y el agua
Vilar trasladó el mismo razonamiento a los recursos mineros del norte argentino. Los principales salares vinculados con la explotación de litio de Jujuy, Salta y Catamarca están concentrados en determinadas zonas y departamentos.
Por eso, según su planteo, no sería necesario adquirir el 25% de una provincia completa para alcanzar una posición dominante sobre un territorio donde se concentra un recurso estratégico.
La misma lógica, sostuvo, se aplica al agua, los glaciares y las tierras productivas: el problema no es solamente cuánto territorio extranjero existe en una provincia, sino dónde está ubicado ese territorio.
En ese punto radica la diferencia entre ambos sistemas. El límite provincial mira el territorio como un todo; el departamental permite establecer una barrera sobre zonas específicas donde puede existir una concentración particularmente sensible.
Las otras alertas sobre el proyecto
La ministra también cuestionó otros cambios incluidos en el borrador que circula dentro de La Libertad Avanza.
Entre ellos mencionó la derogación de la protección específica sobre lagos, ríos y cuerpos de agua permanentes, la posibilidad de adquisición de tierras en zonas de frontera y la eliminación del límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo.
También señaló la desaparición del límite del 30% por nacionalidad de origen, otra de las restricciones contempladas por el régimen vigente.
El proyecto, de todos modos, mantiene algunas prohibiciones: impide la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y establece mecanismos de autorización para empresas con participación estatal extranjera y determinadas operaciones en zonas de seguridad de frontera.
Una discusión que llega al Senado
La advertencia de Vilar se produce en la previa del tratamiento del proyecto en el Senado, donde el oficialismo todavía busca reunir los votos necesarios para avanzar.
La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y tuvo distintas versiones durante las negociaciones. La falta de consenso entre La Libertad Avanza y sectores aliados llevó incluso a postergar su tratamiento en la Cámara alta.
El Gobierno había impulsado originalmente una eliminación mucho más amplia de las restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros. El nuevo esquema conserva ahora un límite del 25% por provincia, aunque elimina las barreras que operaban en una escala territorial menor.
Por eso, el planteo de la ministra bonaerense apunta a un aspecto específico de la reforma: el debate no debería concentrarse únicamente en si el límite es del 15% o del 25%, sino también en qué ocurre dentro de cada provincia cuando desaparece el tope departamental.
Mientras el oficialismo busca cerrar acuerdos para llevar la iniciativa al recinto, organizaciones sociales, gremiales y políticas convocaron a movilizarse contra el proyecto.
Para Vilar, el 25% no representa necesariamente una concesión si al mismo tiempo desaparece el límite que puede impedir que una zona determinada concentre una proporción mucho mayor de tierras y recursos en manos extranjeras.
