Lo que parecía encaminado a convertirse en una victoria legislativa para el Gobierno terminó en una marcha atrás. Luego de conseguir el quórum para abrir la sesión, La Libertad Avanza pidió un cuarto intermedio hasta agosto al comprobar que no tenía garantizados los votos para aprobar el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada“, que elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
El oficialismo había logrado habilitar el debate con el respaldo de la UCR, el PRO y los representantes de los oficialismos provinciales de Salta, Neuquén y Misiones. Sin embargo, desde el inicio de la sesión quedaba claro que el quórum no equivalía a votos afirmativos.
En particular, varios senadores radicales acompañaron la apertura del debate pero evitaban comprometer su respaldo al proyecto. Esas dudas, sumadas a los reparos de otros bloques aliados, terminaron dejando al Gobierno sin las mayorías necesarias para sancionar la iniciativa.
Patricia Bullrich, como jefa del bloque oficialista debió realizar el pedido de postergar la sesión que resultó aprobado 62 a 3.
Quince borradores y un texto sin consenso
Las dificultades para reunir apoyos también quedaron reflejadas en la elaboración del proyecto. Durante la negociación circularon al menos quince versiones distintas del dictamen, en un intento por acercar posiciones con los distintos bloques dialoguistas.
Lejos de destrabar la discusión, las sucesivas modificaciones expusieron las diferencias políticas en torno a la iniciativa. Incluso el último borrador que llegó al recinto no contaba con consenso pleno dentro del propio oficialismo nacional, según reconocían distintos interlocutores de la negociación.
Ante ese escenario, el bloque libertario optó por evitar una derrota en el recinto y pidió un cuarto intermedio hasta agosto para continuar las conversaciones y buscar una redacción que reúna las adhesiones necesarias.
Un debate atravesado por el Mundial y Malvinas
La sesión estuvo marcada desde el inicio por el clima político generado tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial luego de vencer a Inglaterra.
Hasta último momento hubo dudas sobre el quórum porque algunos legisladores evaluaban si correspondía habilitar una sesión para discutir un proyecto de semejante sensibilidad en medio del renovado debate por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
La tensión también atravesó al propio oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel intentó suspender la sesión y protagonizó un intercambio con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según trascendió, cuando Bullrich le respondió que la sesión debía realizarse “para festejar” el triunfo argentino, Villarruel retrucó: “¿Para vender el país? Nadie quiere festejar en el Senado”.
En paralelo, desde Avellaneda, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó la iniciativa y afirmó que el Congreso pretendía aprobar “una ley para vender el territorio argentino al mejor postor”, además de denunciar presuntas presiones del Gobierno nacional sobre gobernadores y legisladores.
El Senado sí avanzó con los pliegos judiciales
Más allá de la postergación del debate sobre la venta de tierras, la Cámara alta sí avanzó con otro de los puntos impulsados por el Poder Ejecutivo al aprobar los pliegos judiciales enviados por el Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia.
De esa manera, el oficialismo logró mostrar un resultado parcial en una sesión que terminó marcada por la falta de acuerdos para avanzar con uno de los proyectos más sensibles de su agenda legislativa.
Abada aprovechó la sesión para cargar contra Kicillof por la crisis del IOMA
Antes de que avanzara el tratamiento del proyecto sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, el senador radical Maximiliano Abad planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
Amparado en la Constitución Nacional y el reglamento interno del Senado, el legislador sostuvo que el derecho a la salud de los afiliados está siendo vulnerado y responsabilizó directamente al mandatario bonaerense por la crisis que atraviesa la obra social.
“En Buenos Aires no se vive, se padece, y se padece por un gobierno que está más preocupado por las cuestiones internas partidarias que por resolver las cuestiones estructurales de la provincia”, afirmó.
Abad describió al “abandono” como el denominador común que sufren los afiliados de IOMA y aseguró que, además de enfrentar problemas de salud, padecen “un destrato institucional profundo”. En ese sentido, sostuvo que la obra social, que este año cumple 70 años, “hoy se encuentra asfixiada”.
El senador también cuestionó la administración de los recursos del organismo y citó un informe del Tribunal de Cuentas bonaerense. Según señaló, ese documento detectó policonsultorios no habilitados, profesionales sin matrícula, irregularidades en el manejo de cajas chicas e inconsistencias contables.
“Los fondos de los afiliados de IOMA deben tener afectación específica a la gestión de la obra social y no utilizarse para gastos corrientes”, reclamó.
Además, advirtió que la deuda acumulada con prestadores derivó en la interrupción de servicios y sostuvo que la crisis de IOMA “produce un efecto dominó sobre el sistema privado de salud”. “El responsable de esta situación es Axel Kicillof. Habla permanentemente del derecho al futuro, pero debería preocuparse por los derechos vulnerados del presente”, concluyó.
Qué cambia con la compra de tierras
El proyecto impulsado por el oficialismo elimina los límites establecidos por la actual legislación para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y traslada buena parte de las decisiones a las provincias.
La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera compren tierras rurales, salvo que cuenten con autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
En el caso de las zonas de frontera, además del aval de las autoridades provinciales y nacionales, seguirá siendo necesaria la intervención del Congreso.
Uno de los puntos más discutidos del texto establece que, si ni la Nación ni la provincia formulan objeciones dentro de un plazo de 180 días, operará el silencio administrativo positivo y la adquisición quedará automáticamente autorizada, reconociendo al comprador extranjero como propietario de pleno derecho.
Ese mecanismo aparece como uno de los aspectos más controvertidos del proyecto que el oficialismo comenzó a debatir este jueves en el Senado.
