Un prolongado conflicto por la posesión de un extenso predio de más de cinco hectáreas en La Plata ha sumado un capítulo determinante en los tribunales bonaerenses. La Cámara de Apelaciones confirmó en lo sustancial la sentencia de primera instancia que resultó favorable a Marisa Bogado, la demandante que reclama la restitución del terreno ubicado en las inmediaciones de las calles 635 y 118. En dicho espacio, según denunció la propia reclamante, permanecen asentadas actualmente unas 58 familias.
La causa judicial, caratulada bajo la carátula de “Bogado Marisa c/ Zotti Juan Alberto y otro/a s/ interdicto de recobrar la posesión”, tuvo sus inicios en el Juzgado N° 17 del fuero Civil y Comercial local. Posteriormente, el expediente pasó a la órbita de la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, tribunal compuesto para este proceso por los jueces Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, quienes ratificaron el derecho posesorio sobre la propiedad.

Elementos probatorios y la extensión del terreno en litigio
Para fundamentar su fallo y confirmar la resolución inicial, el tribunal de alzada analizó meticulosamente diversos elementos de prueba incorporados al expediente a lo largo de los años. Entre las evidencias más determinantes se incluyeron escrituras y documentación notarial, actuaciones labradas en sede penal, múltiples declaraciones de testigos y una inspección de reconocimiento judicial realizada de forma directa sobre las tierras en disputa.
El objeto central del litigio es una fracción de terreno de gran envergadura que alcanza aproximadamente los 51.981 metros cuadrados de superficie total. Durante el desarrollo del debate oral y escrito, las partes fundamentaron quién ejercía la posesión real del espacio y desde qué momento preciso. Si bien los demandados intentaron cuestionar la cadena de derechos presentada por Bogado alegando poseer documentación de compraventa, la Cámara determinó que tales planteos resultaron insuficientes para revertir el fallo originario.
Alcance procesal para los ocupantes actuales del inmueble
Un punto de singular relevancia técnica e institucional en la resolución judicial involucra de forma directa a las personas que habitan en el predio. La Cámara decidió hacer lugar al planteo relativo a los “demandados genéricos”, disponiendo formalmente que el contenido de la sentencia sea notificado a todos los ocupantes. La medida busca garantizar el debido proceso y viabilizar el cumplimiento de lo resuelto dentro de la causa en la que los habitantes habían sido identificados procesalmente.

No obstante, las autoridades judiciales aclararon de forma enfática que esta decisión confirmatoria no implica el desalojo inmediato ni automático de las 58 familias instaladas en la propiedad. Lo que el tribunal ratificó fue estrictamente la titularidad y sentencia vinculada a la posesión del inmueble. Por lo tanto, cualquier medida de fuerza o procedimiento orientado a concretar la restitución física de la propiedad deberá tramitarse y ejecutarse en las instancias correspondientes.
Una etapa decisiva para un conflicto iniciado en 2021
El origen de este complejo diferendo por la ocupación de las tierras en la zona sur platense se remonta formalmente a principios del año 2021. Desde aquel momento, el predio ha sido objeto de recurrentes denuncias penales, intervenciones de escribanos públicos, diligencias policiales y diversas demandas tramitadas en diferentes fueros judiciales, generando un clima de alta incertidumbre entre los vecinos de la zona y los propios habitantes del predio.
Con la ratificación emitida por la Cámara de Apelaciones, el dilatado conflicto judicial ingresa en una fase de definiciones respecto al destino de las familias que permanecen en el terreno. Tras la confirmación del derecho sobre la propiedad, la reclamante ya anticipó que impulsará las medidas legales pertinentes para obtener la desocupación y recuperar el control efectivo de las cinco hectáreas.


