La tensión entre La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof volvió a escalar públicamente, esta vez con la educación y las pantallas como eje de la disputa. El foco del conflicto es la Ley que restringe el uso de celulares en las escuelas primarias, una iniciativa impulsada por el senador de La Cámpora Emmanuel González Santalla que fue aprobada por unanimidad en la Legislatura en diciembre pasado, pero que el mandatario provincial aún no promulgó, desatando el enojo del legislador.
A través de un video publicado en sus redes sociales, y parafraseando a Kicillof con su discurso del fin de semana, Santalla apuró a Kicillof y a su directora General de Cultura y Educación. “¿Alguna vez te enojó una buena noticia? A mí sí. Sheinbaum ayer anunció en México que prohíbe los teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias. No los pueden tener ni en clase, ni en los recreos. Lo mismo hizo Lula en Brasil hace un año”, comenzó el legislador en su descargo titulado “contamos con usted, señor gobernador”.
En esa misma línea, apuntó sin filtros contra la inacción del Ejecutivo: “Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del año pasado aprobamos una ley para restringir el uso de celulares en escuelas primarias de la provincia, por unanimidad en las dos Cámaras, y estamos esperando que el señor gobernador Axel Kicillof y la ministra Terigi se hagan cargo de implementar esta ley, que es urgente”. “Tiene que ver con cuidar la salud física y emocional, y en el proceso de aprendizaje y la educación de nuestros pibes y pibas en la provincia”, remarcó el autor del proyecto. Elevando el tono, decidió leerle el objetivo de la ley “a la ministra sobre todo”.
“Entiéndase como uso responsable la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y autorización explícita del docente. La ley es clara, esperamos que se implemente cuanto antes”, sentenció el dirigente camporista.
LOS ANTECEDENTES DE LA LEY Y LA NEGATIVA DE LA PROVINCIA
La interna por la utilización de dispositivos móviles en las aulas viene de larga data. Desde la presentación del proyecto en la Legislatura, el gobierno provincial se había mostrado reacio a una prohibición absoluta, postura que en su momento explicitó el entonces titular de Educación, Alberto Sileoni. El exfuncionario había manifestado que, si bien el gobierno reconocía “la magnitud y la profundidad del problema”, preferían “el camino de la no prohibición absoluta, sino el de darle confianza a los docentes para que trabajen esa situación de aula”.
En la vereda de enfrente, Santalla y La Cámpora sostienen que la adicción a las pantallas “es una pandemia” que está generando graves consecuencias en la salud física y mental de los menores, provocando problemas como “miopía, obesidad, desnutrición, sedentarismo, problemas auditivos, retraso en el habla, trastornos en la conducta, ludopatía digital, grooming y bullying”.
El legislador de La Cámpora argumenta que, ante la falta de una normativa, los docentes “terminaban discutiendo con los chicos primero y con los padres después”, por lo que “necesitan una regulación clara sobre qué hacer con los dispositivos”. En sus defensas previas del proyecto, aclaró que la medida no es un rechazo a la tecnología, sino una forma de “prevenir y dar herramientas a los padres y a los docentes”. “Nuestros hijos son el producto que venden las empresas de redes sociales. Estas compañías hacen plata con el tiempo que los chicos pasan conectados”, fue una de las frases más contundentes del senador, quien ahora elige la presión pública para obligar a Kicillof a poner en vigencia una norma que ya cuenta con el aval de ambas cámaras levantando la tensión de la interna que sostienen el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora.
