El Gobierno de Javier Milei busca avanzar esta semana en el Senado con la Ley de Tierras o Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que ya tiene media sanción de Diputados y que enfrenta dificultades para reunir los votos. En ese escenario comenzó a circular un nuevo borrador – el 16- que mantiene un límite para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, aunque introduce cambios que pueden favorecer una mayor concentración territorial.
El texto, que fue planteado dentro del bloque de La Libertad Avanza y todavía podría sufrir modificaciones, establece que las personas humanas o jurídicas extranjeras no podrán adquirir tierras rurales “por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”.
La cifra supone una flexibilización respecto del régimen vigente, que establece un límite del 15% pero retrocede a la intención inicial del gobierno de Javier Milei de eliminar todo tipo de restricciones.
La modificación llega, sin embargo, con una eliminación de las restricciones que operaban a nivel municipal o departamental. Allí aparece uno de los puntos más sensibles de la propuesta.
El 25% y el cambio en los municipios
La iniciativa modifica el artículo 3° de la Ley de Tierras Rurales (26.737) y establece que las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las contempladas en el nuevo régimen.
En ese marco, la prohibición para extranjeros queda expresamente vinculada a superar el 25% del territorio de cada provincia. A su vez, el proyecto deroga otros artículos de la normativa vigente que establecían límites a nivel municipal o departamental, restricciones por cantidad de hectáreas y cupos vinculados con la nacionalidad de origen.
La modificación cambia así la lógica del control. El límite deja de estar acompañado por un tope específico para cada municipio o departamento y pasa a medirse fundamentalmente sobre el conjunto de la provincia.
En la práctica, esto podría permitir que la participación extranjera alcance una proporción mucho mayor en determinados municipios o partidos con recursos estratégicos, siempre que el acumulado de tierras en manos extranjeras dentro de toda la provincia no supere el 25%
Es decir, el borrador conserva un límite provincial, pero elimina controles territoriales más pequeños que funcionaban como un freno adicional a la concentración.
Ese punto resulta particularmente relevante para la provincia de Buenos Aires, donde existen distritos con una fuerte presencia de actividad agropecuaria y grandes extensiones de tierras rurales.
Una concesión frente al proyecto original
El cambio se da en medio de una discusión interna dentro del Gobierno. El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, había planteado avanzar hacia una eliminación mucho más amplia de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Ahora, el borrador que circula dentro del oficialismo conserva un límite del 25% por provincia. La modificación aparece así como una concesión frente a las resistencias que despertó la iniciativa entre sectores políticos aliados y en las provincias.
El proyecto mantiene, de todos modos, algunas prohibiciones. Queda expresamente vedada la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y se establece un régimen de autorización para empresas con participación estatal extranjera y para determinados inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
También se prohíben las operaciones realizadas mediante personas interpuestas, testaferros o titularidades ficticias, que el proyecto define como mecanismos de simulación ilícita y fraudulenta.
La pelea por los votos en el Senado
El debate sobre las tierras rurales es apenas uno de los capítulos de un proyecto que introduce modificaciones en distintas áreas, entre ellas la Ley de Expropiaciones, los procesos de desalojo, el régimen de alquileres, el manejo del fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble.
La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados, pero el oficialismo enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado. La falta de consensos había llevado a Patricia Bullrich a pedir el mes pasado un cuarto intermedio hasta esta semana.
Ahora, mientras la ministra de Seguridad tiene prevista una conferencia de prensa para este martes, la sesión del jueves vuelve a estar condicionada por las negociaciones con los bloques aliados.
La discusión también generó movimientos dentro de la UCR bonaerense. Un grupo de exlegisladores le reclamó a Maximiliano Abad, a través del Comité Provincia, que rechace el proyecto al considerar que implica “entregar parte de nuestro territorio y con ello parte de nuestra soberanía”.
Del otro lado, Sturzenegger sostiene su posición a partir del artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece que los extranjeros gozan en el territorio argentino de los derechos civiles y pueden, entre otras facultades, “poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”.
En paralelo, organizaciones sociales, gremiales y políticas convocaron a una movilización masiva contra el proyecto, mientras la CGT también expresó su rechazo.
El texto que circula es, por ahora, un nuevo capítulo de una discusión que ya tuvo múltiples versiones. Según fuentes vinculadas al debate, anteriormente circularon alrededor de 15 borradores y las diferencias políticas obligaron a postergar el tratamiento.
Por eso, el punto central no está solamente en que el proyecto eleva del 15% al 25% el techo para la propiedad extranjera de tierras rurales. La novedad del borrador es que ese límite pasa a funcionar a escala provincial, mientras desaparecen restricciones que hasta ahora operaban en municipios y departamentos.
El articulado todavía puede cambiar antes de llegar al recinto. Pero si esta versión prospera, el debate ya no será solamente cuánto territorio argentino puede quedar en manos extranjeras, sino también cómo se distribuye ese porcentaje dentro de cada provincia.
