La ley de tierras volvió al centro de la agenda política a partir de una nueva embestida del gobierno de Javier Milei para “flexibilizar” las condiciones en la venta de tierras rurales a extranjeros. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que el Ejecutivo envió al Congreso bajo el paraguas de la “inviolabilidad de la propiedad privada”.
No se trata de un intento aislado. A fines de 2023, el oficialismo ya había avanzado a fondo con un intento de derogación de la norma a través del mega DNU, aunque esa ofensiva fue frenada en la Justicia tras una cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Cámara Federal declaró inconstitucional esa derogación y elevó el caso a la Corte Suprema, donde aún permanece.
En ese marco, la ley sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner continúa vigente gracias al amparo judicial. La normativa limita al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, y fija restricciones adicionales por nacionalidad y extensión.
Sin embargo, el Gobierno volvió a la carga con una estrategia distinta: en lugar de una derogación directa – que ya mostró un probado rechazo- impulsa modificaciones dentro de un paquete legislativo más amplio que también incluye cambios en desalojos y en normas ambientales como la Ley de Manejo del Fuego.
El argumento oficial apunta a “atraer inversiones millonarias” y dinamizar la economía, en línea con otras reformas recientes como la modificación de la Ley de Glaciares. Desde la oposición y distintos sectores sociales, en cambio, advierten sobre un posible avance en la pérdida de la soberanía sobre recursos estratégicos.
En ese contexto, el debate ya comenzó a tomar forma en el Congreso, donde especialistas y actores involucrados expusieron sus posturas en un plenario de comisiones. Entre ellos estuvo Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM y una de las voces más críticas del proyecto oficial, quien brindó un panorama de las discusiones a Infocielo.
“La ley sigue vigente gracias a una cautelar”
Guerrero Iraola remarcó que la normativa actual continúa en pie únicamente por la intervención judicial que impulsó el CECIM. “Hoy la ley de tierras está vigente en virtud justamente de la cautelar que obtuvimos”, explicó, y destacó que eso permite “contar con un instrumento protectorio”.
En ese sentido, recordó que la disputa judicial se inició a fines de 2023, cuando el Gobierno incluyó la derogación dentro del mega DNU. Tras un fallo adverso en primera instancia, el CECIM apeló y logró que la Cámara Federal de La Plata declare la inconstitucionalidad de esa decisión, lo que dejó sin efecto la eliminación de la norma.
Ese recorrido judicial, explicó, no solo frenó la derogación sino que también instaló el tema en la agenda pública y política. “Hoy podemos decir que tenemos la posibilidad de contar con un instrumento protectorio en función de lo que emprendió el CECIM”, insistió.
No obstante, advirtió que esa situación es provisoria. “Entendemos que el Poder Ejecutivo está intentando derogar la norma por otra vía”, señaló, en referencia al nuevo proyecto en debate en el Congreso.
“Un proceso de extranjerización y financiarización”
El abogado planteó que eliminar o vaciar la ley implicaría un cambio estructural en la concepción de la tierra. “Estaríamos en presencia de un proceso paulatino de extranjerización y de comoditización”, sostuvo.
Según explicó, el riesgo no se limita a quiénes son los propietarios, sino al modo en que se entiende el recurso. “La tierra se transforma inexorablemente en un activo financiero”, afirmó, al tiempo que advirtió que deja de ser considerada un bien estratégico del Estado.
En esa línea, vinculó el proceso con la lógica global de financiarización, donde los activos naturales pasan a ser parte de circuitos especulativos. “Pasa a ser un insumo o bien transable propio de la lógica de la especulación financiera”, agregó.
Para Guerrero Iraola, ese cambio de paradigma implica una pérdida de soberanía en términos económicos y productivos, ya que el Estado resigna capacidad de decisión sobre un recurso clave.
Recursos estratégicos en un mundo en crisis
Jerónimo Guerrero Iraola amplió su mirada y ubicó el debate en el contexto internacional. “En el mundo al que vamos, signado por la cuarta revolución industrial, sabemos que en los próximos años va a haber escasez”, advirtió.
En concreto, enumeró los recursos que estarán en disputa: agua, energía, alimentos y minerales críticos. En ese escenario, sostuvo que países como Argentina tienen un rol central por su disponibilidad de estos bienes.
“Ahí está el principal problema”, señaló. “Estamos perdiendo capacidades productivas y recursos estratégicos que nos van a permitir hacer frente a estas demandas globales” sostuvo el letrado.
Desde su perspectiva, la discusión sobre la ley de tierras no es solo jurídica o económica, sino también geopolítica. Se trata, dijo, de definir qué lugar ocupará el país en ese nuevo orden global.
“Una derogación encubierta”
Uno de los puntos más duros de su exposición apuntó a la forma en que el Gobierno impulsa los cambios. “El proyecto de ley es una derogación encubierta de la ley de tierras”, aseguró.
Guerrero Iraola explicó que el texto no elimina formalmente la norma, pero sí le quita las herramientas centrales de control. “Lo que hacen es desnaturalizar completamente la ley, privando al Estado de instrumentos para administrar este recurso”, sostuvo.
Según indicó, esa estrategia busca evitar el costo político de una derogación explícita, como la que ya intentaron con el DNU. “No dicen ‘derógese’ porque pagarían el costo que ya pagaron”, afirmó.
En cambio, planteó, se opta por mantener una estructura formal vaciada de contenido. “Dejan un cascarón vacío, bajo la premisa de que están modificando la ley” opinó: “Está montando una arquitectura propicia para el saqueo” lanzó.
Críticas al argumento de las inversiones
El Gobierno de Milei sostiene que las reformas permitirían atraer inversiones por miles de millones de dólares. Guerrero Iraola rechazó esa premisa y la calificó como “una falacia absoluta”.
A través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo pregona que los cambios permitirán inversiones por 15 mil millones de dólares
Para el abogado de CECIM, el planteo oficial confunde conceptos básicos. “Que vengan a comprar tierra no es una inversión en el Estado Nacional”, afirmó, y diferenció esa situación de proyectos productivos genuinos.
En ese sentido, explicó que una inversión real implica generación de empleo, desarrollo de infraestructura y aumento de la capacidad productiva. “La inversión supone acrecentar la capacidad instalada”, subrayó.
Sin embargo, advirtió que no hay señales de que ese escenario se concrete. “Nada parece indicar que esto vaya a ser así”, sostuvo, y agregó que el Ejecutivo “no puede dar cuenta” de proyectos concretos en esa dirección.
“Un plan sistemático de entrega”
Finalmente, el abogado encuadró el proyecto dentro de una visión más amplia sobre la política del Gobierno. “Se está llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía”, afirmó.
Según explicó, las distintas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo —incluyendo la ley de tierras— deben leerse como partes de un mismo esquema. “Son capítulos específicos de ese plan sistemático”, sostuvo.
En esa línea, consideró que existe una “arquitectura jurídica institucional” orientada a facilitar ese proceso. A su entender, no se trata de medidas aisladas sino de una estrategia integral.
De cara al debate legislativo, Guerrero Iraola planteó la necesidad de sostener la discusión pública. “Las batallas hay que darlas”, señaló, y dejó planteado el interrogante sobre el futuro: “Lo que está en juego es si la Argentina entra a la Cuarta Revolución Industrial de pie o de rodillas” concluyó.
