La investigación judicial iniciada por la comercialización irregular de terrenos en el partido de La Plata ingresó en una nueva fase de recolección de pruebas. Con la totalidad de los acusados puestos a disposición del fuero penal, los organismos de instrucción resolvieron avanzar con medidas de campo tendientes a dimensionar la cantidad exacta de damnificados por estas maniobras.
En este contexto, las autoridades intervinientes formalizaron una orden para llevar a cabo un minucioso censo que abarcará de manera directa cada una de las edificaciones levantadas en los predios bajo sospecha. La iniciativa busca esclarecer las condiciones en las que se llevaron adelante las ventas y la situación habitacional actual de los residentes.
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La medida quedó incorporada de manera oficial en el expediente de la investigación penal preparatoria, el cual se halla caratulado bajo los delitos de desobediencia y estafa. El procedimiento estará encabezado por personal especializado de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, cuyos agentes se desplegarán en el territorio para entrevistarse con los ocupantes.
Los investigadores tendrán la tarea de contabilizar la cantidad de viviendas consolidadas en cada predio, además de identificar el número de grupos familiares que residen en ellos. A su vez, registrarán el marco jurídico u ocupacional alegado por cada vecino, abarcando las figuras de propietarios, compradores, poseedores, inquilinos o cualquier otra categoría que justifique su permanencia en el sitio.
Rastreo de las operaciones y los escribanos
Para aquellos casos en que los moradores se reconozcan como propietarios o compradores, el protocolo del censo exige reconstruir el circuito comercial que derivó en la transacción del inmueble. Los efectivos deberán asentar el modo en que se concretó el pago, las partes intervinientes y los documentos firmados al momento del acuerdo.
Asimismo, las pautas fijadas para el operativo señalan que, en los casos en que existan escrituras, boletos o cesiones formalizadas, se deberá identificar con precisión al escribano o notario que actuó en la firma. Este rastreo documental resultará clave para determinar eventuales responsabilidades notariales en la venta de parcelas carentes de aptitud urbana.
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El foco prioritario del relevamiento se concentrará en dos emprendimientos de magnitud desarrollados por la firma inmobiliaria investigada. Se trata del barrio denominado Sophenia, situado en la localidad de Arana, y del predio conocido como Garden, ubicado sobre la Ruta 36, en el tramo comprendido entre las calles 425 y 427.
Ambos proyectos concentran el núcleo fuerte de la hipótesis formulada por el Ministerio Público Fiscal. Según la acusación, los administradores promocionaron y vendieron las parcelas como desarrollos urbanos válidos, a pesar de que los terrenos no contaban con las aprobaciones ni las condiciones legales necesarias para su subdivisión y loteo.
La situación procesal de los imputados
En forma paralela a las diligencias de campo, la causa avanzó en el terreno strictly judicial tras completarse la aprehensión de todos los involucrados. La última persona en entregarse a la Justicia fue Nadia Antonella Lima, quien compareció el pasado lunes ante los fiscales del caso pero optó por hacer uso de su derecho constitucional de no declarar.
Lima aguardará a que el juzgado resuelva la solicitud de excarcelación presentada por su defensa técnica antes de evaluar si solicita una nueva audiencia para exponer su versión. Por su parte, los acusados Vila Basualdo y Martínez adoptaron la misma postura procesal al negarse a prestar declaración indagatoria ante la fiscalía interviniente.
Apertura de la etapa de indagatorias
Frente a la negativa a declarar de la mayoría de los acusados, el abogado defensor Marcelo Peña formuló formalmente las peticiones de excarcelación ordinaria ante el Juzgado de Garantías actuante. La magistratura deberá evaluar los riesgos procesales y la gravedad de las imputaciones antes de expedirse sobre la libertad de los imputados.
Con las cuatro personas detenidas y sujetas al control de los tribunales, la instrucción judicial formaliza la etapa de indagatorias y suma el censo domiciliario como una herramienta probatoria decisiva. El relevamiento técnico no solo permitirá constatar las irregularidades edilicias, sino también precisar la escala social del fraude denunciado en la región.
