La Libertad Avanza trasladó a la Legislatura sus cuestionamientos sobre la contratación impulsada por el gobierno de Axel Kicillof para la producción y distribución de contenidos audiovisuales oficiales. Legisladores del espacio presentaron pedidos de informes en espejo en la Cámara de Diputados y el Senado con el objetivo de obtener precisiones sobre una licitación pública por $2.278.171.592,43 destinada al Ministerio de Comunicación Pública para un período inicial de seis meses.
Las iniciativas buscan que el Poder Ejecutivo remita el expediente administrativo completo del Proceso de Compra N° 401-0405-LPU26, el pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas y toda la documentación vinculada a la contratación. Además, solicitan información sobre el destino de los contenidos audiovisuales, los organismos que definirán la agenda de cobertura, los medios que recibirán la señal y los mecanismos previstos para controlar el uso de los recursos públicos.
Entre los puntos incluidos en los proyectos también se requiere conocer si los contenidos tendrán un carácter exclusivamente institucional e informativo o si podrán utilizarse para la difusión de la gestión, promoción de funcionarios o publicidad oficial, además de la normativa que regula esas situaciones. Los legisladores también piden precisiones sobre la imputación presupuestaria del gasto, la posibilidad de ampliar el contrato o prorrogarlo y la existencia de auditorías externas o controles legislativos sobre la ejecución del servicio.
Otro de los aspectos sobre los que ponen el foco los pedidos de informes es la magnitud del equipamiento previsto en la contratación. Según el pliego, el servicio contempla 60 unidades móviles de seguimiento y producción, 60 servicios de cámaras de seguimiento, 20 servicios de control central, sistemas de filmación con drones, Jimmy Jib, transmisión 4G y un estudio propio de producción, grabación y emisión en vivo, entre otros recursos técnicos. Los proyectos solicitan que el Ejecutivo fundamente técnicamente la necesidad de ese despliegue para un contrato de seis meses.
En los fundamentos, tanto el proyecto presentado en Diputados como el ingresado en el Senado sostienen que la contratación describe de manera genérica la cobertura de “las actividades de Gobierno“, sin precisar qué actos o eventos comprenderá ni cuáles serán los criterios editoriales que regirán la producción y distribución de los contenidos. Los autores consideran que esa amplitud, sumada a la infraestructura prevista, justifica que la Legislatura ejerza su función de control sobre el uso de los fondos públicos.
Los textos también plantean interrogantes sobre la transparencia del proceso licitatorio. En ese sentido, solicitan conocer cuántas empresas estaban habilitadas para participar, la cantidad de ofertas presentadas, los antecedentes de contrataciones similares realizadas entre 2022 y 2026 y si existen sanciones o incumplimientos por parte de los eventuales adjudicatarios. Según los fundamentos, esa información permitiría evaluar el nivel de competencia del proceso y la evolución del gasto destinado a este tipo de servicios.
PAREJA, CURESTIS Y OSABA DIJERON LO SUYO
En paralelo con la presentación de los proyectos, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia y diputado nacional, Sebastián Pareja, afirmó que el Gobierno bonaerense pretende destinar esos recursos a la creación de “un canal de propaganda propio” y calificó la contratación como un “despilfarro” en el contexto de la situación económica provincial.
En la misma línea, el presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, sostuvo que la comunicación institucional “no está en discusión”, aunque cuestionó la oportunidad del gasto en medio de las dificultades que atraviesa la Provincia.
En ese marco, el diputado provincial Juanes Osaba, uno de los autores de la iniciativa en la Cámara baja, sostuvo que el objetivo del pedido de informes es conocer el alcance de la contratación y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. A través de sus redes sociales, Osaba también vinculó la licitación con ViBra Bonaerense, el canal de streaming oficial de la Provincia, y afirmó que el Gobierno busca montar “su propio 6,7,8”. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo destina $2.278 millones a esa contratación mientras, según su visión, existen otras áreas prioritarias que requieren mayores recursos.
