Con el correr de los meses, el Gobierno Nacional debe enfrentar las consecuencias de la desregulación que él mismo promovió. El caso del transporte de larga distanciaes un ejemplo paradigmático. ¿Un caso de “amague y recule”?
La polémica comenzó en octubre cuando la gestión de Javier Milei eliminó una serie de regulaciones que pesaban sobre las empresas de colectivos con recorridos de media y larga distancia. Una de las consecuencias que generó la desregulación es que las compañías dejaron de respetar el cupo de discapacidad previsto en la Ley Nº 22.431.
Esa norma, que data de principios de los 2000, estableció que quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden utilizar el transporte público de manera gratuita. Sin embargo, tras la desregulación las empresas dejaron de respetarla y generaron numerosas críticas y denuncias públicas.
En medio de una ola de críticas la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no tuvo más remedio que infraccionar a las líneas de colectivos en falta e ir a la Justicia. El organismo también le pidió una medida cautelar al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 para instar a las empresas a cumplir con la Ley.
Ahora, el Juzgado hizo lugar a la solicitud y falló en contra de la desregulación. Según informó la CNRT, “las empresas de micros deberán dar cumplimiento con los pasajes para las personas con discapacidad de forma inmediata“.
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