La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial ante la falta de condiciones mínimas para alojar a un mayor número de adolescentes y la decisión provocó una rápida reacción de Patricia Bullrich, quien volvió a apuntar contra Axel Kicillof y contra lo que definió como una “Justicia provincial garantista”.
La medida fue dispuesta este lunes por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.
El fallo fue firmado apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801 y planteó como eje la capacidad del Estado bonaerense para aplicar el nuevo régimen sin generar una afectación de derechos fundamentales.
La normativa incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años y establece nuevas condiciones de aplicación de las penas. Para la jueza, esos cambios pueden generar un incremento tanto en la cantidad de jóvenes que ingresen al sistema como en el tiempo que permanezcan privados de su libertad.
El planteo de la Justicia
La magistrada puso el foco en las condiciones materiales, institucionales y profesionales disponibles para afrontar ese escenario. En particular, advirtió sobre la posibilidad de que el nuevo régimen aumente la cantidad de adolescentes privados de su libertad sin que existan previamente los recursos necesarios para alojarlos bajo condiciones compatibles con sus derechos.
“¿Puede el Estado ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables?”, planteó la resolución.
La jueza también justificó el carácter preventivo de la medida. “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”, sostuvo, al considerar que existían elementos suficientes para advertir un riesgo concreto derivado de la aplicación inmediata de la nueva legislación.
La suspensión tendrá una duración inicial de 60 días, período durante el cual continuará el análisis judicial sobre las condiciones de implementación del régimen en la Provincia.
La reacción de Bullrich
La decisión encontró a Bullrich decidida a aprovechar políticamente el fallo aunque sin hacer referencia a la denuncia sobre la falta de lugares y condiciones para alojar a los detenidos. La dirigente se dedicó a cuestionar a Kicillof y, en el mismo movimiento, responsabilizar a la Justicia bonaerense por lo que considera un enfoque excesivamente garantista.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó.
Después apuntó directamente contra los jueces: “Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
Bullrich cerró su mensaje con una frase que condensó su crítica al gobierno bonaerense: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.
La reacción vuelve a ubicar a Kicillof y a la Justicia provincial en el centro del discurso de Bullrich sobre la inseguridad bonaerense. La dirigente eligió interpretar la suspensión como un nuevo obstáculo frente a las políticas de endurecimiento penal impulsadas por el Gobierno nacional.
El fallo, sin embargo, plantea otro interrogante: no discute solamente el alcance del nuevo régimen, sino si la Provincia tiene actualmente la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar el eventual aumento de adolescentes sometidos al sistema penal.
