La Justicia archivó la causa que investigaba el ingreso de valijas y bultos sin control aduanero en un vuelo privado que llegó a Aeroparque en febrero de 2025, vinculado al empresario Leonardo Scatturice. La decisión fue tomada por el juez Pablo Yadarola en su último día al frente del Juzgado Penal Económico N°2, antes de asumir en la Cámara Federal.
El magistrado concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar un delito de contrabando, principalmente porque los equipajes no fueron sometidos al escáner y nunca pudo determinarse con certeza qué había dentro de los bultos. También tuvo en cuenta que la investigación comenzó semanas después del arribo del avión y que todavía no hubo respuesta de las autoridades de Estados Unidos a los pedidos de información sobre el vuelo, sus pasajeros y el equipaje.
El caso se inició por el arribo, el 26 de febrero de 2025, de un avión privado operado por Royal Class con Laura Belén Arrieta y los pilotos Juan Pablo Pinto y José Luis Donato Bresciano. Según la investigación, se declararon cinco bultos, aunque las imágenes de seguridad permitieron reconstruir el ingreso de una cantidad mayor de equipaje sin pasar por los controles correspondientes.
Si bien Yadarola descartó por el momento la hipótesis de contrabando, consideró que sí existen elementos para investigar el accionar de los funcionarios de Aduana que permitieron el paso de los ocupantes del vuelo por un circuito especial, sin control de sus pertenencias. Por eso, ordenó remitir testimonios a la Cámara Federal para que se analice una posible violación de los deberes de funcionario público.
La resolución señala que la Dirección General de Aduanas no logró explicar de manera adecuada por qué Arrieta y los dos pilotos fueron habilitados a salir de la zona primaria aduanera por un paso reservado para ellos, pese a que el escáner se encontraba disponible. Los fiscales y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas habían advertido previamente que se trató de un trato diferencial y de una decisión discrecional sin fundamentos objetivos.
Otro de los puntos que quedó sin esclarecer es el origen de la supuesta instrucción para permitir el paso sin controles. Un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria declaró haber visto a Arrieta entregarle su teléfono a una empleada de Aduana, Cintia Cali, antes de atravesar el sector de arribos. Los peritajes detectaron registros de uso de datos móviles, pero no pudieron determinar si correspondían a una llamada realizada mediante WhatsApp, Telegram u otra aplicación, ni identificar a un eventual interlocutor.
El archivo tampoco implica necesariamente el cierre definitivo del expediente. Según aclaró el juzgado, la investigación podría reabrirse si Estados Unidos responde los pedidos de cooperación internacional o si aparece nueva información relevante.
Además, Yadarola ordenó a la Aduana revisar sus procedimientos y establecer un protocolo objetivo y auditable para los controles de pasajeros, tripulaciones, equipajes y mercaderías en vuelos privados internacionales.
El episodio había generado repercusión política por los vínculos de Arrieta con Scatturice, empresario radicado en Miami y cercano al oficialismo, y por su participación en la organización de CPAC Argentina, evento que contó con la presencia del presidente Javier Milei. Durante 2025, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni había asegurado que Arrieta había atravesado los controles correspondientes, mientras que el Gobierno sostuvo luego que las revisiones de equipaje en vuelos privados responden a criterios de selectividad.
