El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires atraviesa una fuerte sacudida institucional que pone a prueba la independencia de sus magistrados. El juez Raúl Dalto, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, fue apartado temporalmente de sus funciones mediante una licencia compulsiva de 90 días dispuesta por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La medida administrativa se hizo efectiva apenas unos días después de que el propio magistrado denunciara penalmente a dos de sus pares del mismo tribunal por la presunta confección de un fallo judicial irreal.
La presentación realizada por Dalto apuntó directamente contra las camaristas Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard por hechos que podrían encuadrarse en el delito de prevaricato. El elemento probatorio central incorporado en la causa penal radica en una pericia informática oficial efectuada sobre el sistema informático de los tribunales. Dicho estudio técnico reveló la existencia de una “resolución paralela” o “melliza” que registró al menos 18 intervenciones digitales no autorizadas durante la mañana del 11 de mayo de 2026, incluyendo firmas parciales, modificaciones del voto original y retiro de firmas antes de la emisión oficial.
Raúl Dalto, juez
Intereses millonarios detrás de un desarrollo inmobiliario
El trasfondo de esta disputa entre los magistrados de la capital provincial excede la mera interpretación del derecho penal y toca de lleno a poderosos intereses económicos. El expediente origen del conflicto gira en torno a la disputada posesión de valiosas tierras ubicadas en las localidades de City Bell y Los Porteños. Allí se proyecta la construcción del emprendimiento “Clementina II”, un lucrativo desarrollo inmobiliario que contempla unas 20 manzanas divididas en 228 lotes, impulsado comercialmente por la firma Astufa Fiduciaria S.A., presidida por Juan Sebastián Lorne Stephens.
En contraposición a este proyecto, la familia Carrizo afirma la tenencia pacífica e ininterrumpida de los predios durante aproximadamente seis décadas. Si bien la Justicia Civil platense intervino y confirmó un interdicto para frenar cualquier intento de turbación de la posesión por parte del fideicomiso, en el fuero penal avanzaba en forma paralela una causa por supuesta usurpación. En ese marco, la Sala I de la Cámara Penal emitió una orden de restitución del inmueble que otorgaba un plazo de 72 horas para concretar el desalojo de los ocupantes.
María Silvia Oyhamburu, camarista
Prescripción penal y sospechas sobre el accionar judicial
El aspecto técnico más controvertido de la orden de lanzamiento radicaba en que la acción penal se encontraba caduca al momento de dictar la medida. Según las actuaciones del fiscal Patricio Barraza, el último acto capaz de interrumpir la prescripción se había producido el 3 de agosto de 2021. Al haber transcurrido más de tres años de inactividad procesal, la acción estaba formalmente extinta, lo que volvía jurídicamente inviable y manifiestamente ilegal la ejecución del desalojo solicitado por el fideicomiso.
Sofía Rezzónico Bernard, camarista
Fue en ese contexto de irregularidades procesales donde emergió la postura de Dalto, quien se negó a convalidar la maniobra y decidió remitir de inmediato las actuaciones al fuero penal para investigar la conducta de sus colegas de la Sala I. Las magistradas denunciadas enfrentan ahora pedidos formales de jury de enjuiciamiento. La investigación busca determinar si las juezas dictaron una resolución contraria a la ley a sabiendas de su improcedencia, un punto donde los registros del sistema informático resultan decisivos.
El impacto institucional de la decisión de la Suprema Corte
La secuencia de los acontecimientos generó una honda preocupación en los pasillos de los tribunales de La Plata. El hecho de que el único magistrado que decidió exponer la presunta maniobra termine apartado de su cargo mediante una licencia dispuesta por el máximo tribunal provincial deja abiertos serios interrogantes sobre las garantías de protección a quienes denuncian corrupción interna. Diversos sectores observan la medida como una clara señal de amedrentamiento hacia los jueces que se oponen a presiones externas.
Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, los jueces de la Suprema Corte bonaerense que licenciaron a Raúl Dalto
El caso colocó a la Suprema Corte bonaerense ante el dilema de garantizar la transparencia y proteger la independencia judicial o ceder ante entramados de influencia económica. Las coincidencias procesales que rodearon la emisión del fallo paralelo ponen de relieve la urgencia de profundizar la investigación sobre el accionar de la Cámara Penal. Mientras avanza la causa en las fiscalías, la situación de Dalto marcará un antecedente fundamental sobre los límites éticos y el costo de investigar las estructuras de poder.
