Conseguir un alquiler se convirtió en uno de los mayores desafíos para miles de familias bonaerenses. A los aumentos de los contratos, las exigencias de garantías, los gastos de ingreso y el incremento de las expensas y los servicios, se suma un costo que, según las autoras de un proyecto presentado días atrás en el Senado, recae de manera injustificada sobre quienes buscan una vivienda: las comisiones inmobiliarias.
En ese contexto, las senadoras María Rosa Martínez, Laura Clark y Mónica Macha, de Unión por la Patria, con el aval de Inquilinos Agrupados, presentaron una iniciativa para modificar la Ley 10.973, que regula la actividad de martilleros y corredores públicos en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de impedir que las inmobiliarias cobren honorarios a los inquilinos de viviendas destinadas a uso habitacional.
QUÉ PROPONE EL PROYECTO
La iniciativa establece que, cuando se trate de alquileres de viviendas para personas humanas, los honorarios de la intermediación inmobiliaria deberán ser abonados exclusivamente por el propietario del inmueble.
Además, incorpora como falta profesional que los corredores inmobiliarios requieran o perciban de los inquilinos comisiones, honorarios, gastos de administración, gestoría o cualquier otro concepto vinculado con la intermediación.
El proyecto también dispone que las inmobiliarias exhiban, tanto en sus oficinas como en sus sitios web, carteles visibles informando que esos honorarios corresponden al locador, con el objetivo de que quienes buscan alquilar conozcan sus derechos.
LOS FUNDAMENTOS
Las legisladoras sostienen que la legislación vigente deja librado el pago de los honorarios a un acuerdo entre las partes, pero que en la práctica son los inquilinos quienes terminan afrontando ese costo.
En los fundamentos remarcan que quienes alquilan constituyen “la parte más débil del contrato” y, ante la necesidad de acceder a una vivienda, aceptan pagar por un servicio que, en realidad, fue contratado por el propietario.
También argumentan que la propuesta busca corregir una práctica que consideran inequitativa y recuerdan que existen antecedentes similares en otras jurisdicciones, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y La Pampa, donde el esquema ya se encuentra vigente.
EL CONTEXTO DEL MERCADO DE ALQUILERES
Las autoras enmarcan la iniciativa en un escenario de creciente dificultad para acceder a una vivienda. Según señalan, tras la derogación de la Ley de Alquileres aumentó la oferta de inmuebles, pero los precios continuaron creciendo por encima de la inflación y de los salarios, mientras que el encarecimiento de los servicios públicos y el deterioro del empleo agravaron la situación económica de los hogares.
En ese marco, citan datos del Censo 2022 para estimar que en la provincia de Buenos Aires existen cerca de tres millones de viviendas alquiladas, una dimensión que refleja la magnitud del universo alcanzado por la propuesta.
