La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) cuestionó al gobierno de María Eugenia Vidal por elaborar un proyecto “inconsistente” para reformar la ley del fuero penal juvenil. En ese marco, señalaron que la situación de la niñez en la provincia de Buenos Aires es “crítica” y que el Poder Ejecutivo intenta “beneficiar” a jueces y fiscales para ampliar los tiempos de detención de los jóvenes en las comisarías.
El organismo envió a los legisladores provinciales un documento para rechazar la iniciativa por considerarla “improvisada e inconsistente”. Entonces indicaron que la misma “fue enviada por el gobierno en 2017 sin datos estadísticos actualizados que justifiquen la reforma que afecta derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)”.
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“Sólo beneficia los intereses corporativos de jueces y fiscales que reclaman ampliar los plazos de detención de los jóvenes en comisarías para no trabajar en horarios nocturnos. Asimismo consolida una perspectiva punitivista como único camino para dar respuestas a los problemas sociales de seguridad. Mientras tanto, la situación de la niñez es crítica, las políticas de niñez están desfinanciadas y el Estado incumple con el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños (ley 13298)”, explicaron.
Más adelante, afirmaron que el proyecto intenta elevar de 12 a 18 horas el tiempo que tendrá el juez para decidir sobre la detención de un joven aprehendido. “Desconocen de esta manera que los niños y jóvenes permanecen detenidos en comisarías, muchas veces con adultos durante todo este tiempo. La modificación claramente vulnera la Convención de Derechos del Niño de jerarquía constitucional”, indicaron.
Por ese motivo, mostraron su “preocupación sobre las consecuencias de esta reforma, en relación a la obligación del Estado de promover y proteger integralmente los derechos de niños, niñas y adolescentes y la perspectiva punitivista que puede consolidarse con la eliminación de los Juzgados de Garantías del Joven”.
Además aseguraron que se da en “un contexto de consolidación de políticas de seguridad regresivas en materia de derechos y garantías procesales tanto a nivel nacional como provincial”.
“La respuesta securitaria para responder a un problema social sólo ha generado más violencia. Los niños, niñas y adolescentes que están bajo la órbita del fuero de responsabilidad penal juvenil son una de las principales víctimas”, relataron.
A su vez dieron cuenta del “uso extendido de la prisión preventiva, la vulneración de las garantías procesales a través del juicio abreviado, la detención no punible, la falta de acceso a la educación, las malas condiciones materiales de los centros, espacios y ámbitos destinados al alojamiento, el aislamiento que sufren los alojados en los centros cerrados, las requisas personales vejatorias en los centros con este régimen y la falta o deficiente asistencia de la salud. Un sistema que se asemeja cada vez más al de adultos, y que sostiene como única solución el encierro y la administración del castigo”.
“En este contexto, en las instituciones para la detención de jóvenes se ha constatado la aplicación sistemática de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, dieron a conocer.
Para concluir, manifestaron que “la situación del sistema penal juvenil no puede entenderse ni pensarse sin discutir la grave crisis del sistema de promoción y protección de los derechos de los niños. El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires no ha cumplido hasta la fecha con su responsabilidad de poner en funcionamiento todos los dispositivos previstos en la ley e impulsar políticas y programas específicos orientados a la promoción y protección de derechos”.
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