Un cuestionable sentido de la oportunidad. O un lobby obsceno. Las interpretaciones en torno al desenlace de la dilatada puja entre la cadena Farmacity, fundada y manejada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y los farmacéuticos bonaerenses, pueden ir de un lado a otro.
Es que la Corte Suprema de la Nación, que preside Ricardo Lorenzetti, acaba de anunciar que convocará a audiencias públicas para definir finalmente si corresponde a la Provincia de Buenos Aires o a la Nación “regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica en el ámbito de esa provincia”, en los términos en los que lo presentó el CIJ, órgano oficial de comunicación del máximo tribunal.
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El problema es que la definición llegó apenas unas horas después de que Lorenzetti y el presidente Mauricio Macri se reunieran a solas, sin testigos, y sin que trascendiera el contenido de la audiencia, ayer mismo, en el marco de fuertes sospechas respecto de la influencia que el Gobierno pueda ejercer en el caso.
No sólo sobre el Ejecutivo pesan sospechas de parcialidad: en la audiencia, confirmó el CIJ, participarán los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda. Los ministros Rosatti y Rosenkrantz se han excusado de intervenir en la causa por haber participado como patrocinantes de Farmacity en distintas instancias del juicio.
Como sea, la audiencia quedó fijada para el 29 de agosto, a las 10 hs., con carácter informativo. El Tribunal estableció un plazo de 30 días para la participación de Amigos del Tribunal “a los fines de que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico relativas a la cuestión debatida”.
Como es de público conocimiento, Farmacity busca que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, un obstáculo hasta ahora insalvable para instalarse en el mercado más apetecible del país, donde residen más de 17 millones de ciudadanos. En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró constitucional el art. 14 de la ley 10.606 e inoficioso pronunciarse acerca del art. 3°.
Se trata de una puja a todas luces desigual: de un lado, la cadena de uno de los hombres más poderosos del Gobierno –Mario Quintana, vicejefe de Gabinete-. Del otro, los farmacéuticos y las leyes bonaerenses.
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